La ansiedad e incertidumbre colectiva que produce la inseguridad ciudadana, va debilitando más a la institucionalidad, incrementa la confusión funcional de las instituciones y reduce la acción de las autoridades tornándolas inefectivas en sus poco atinadas iniciativas.
El problema fundamental radica en la inexistencia de una política de Estado para la seguridad interna y en la vigencia de otras políticas incongruentes, como el de la ciudadanía universal, que ha convertido al Ecuador en escala y refugio de miembros de redes criminales y terroristas. Incoherencia que da lugar a comentarios internacionales que acusan al Ecuador, de poseer provincias fronterizas que son tierra de nadie.
Las FF.AA. sin orientación política estratégica en un afán espontáneo y errado asumen tareas que no les corresponde: controlar invasiones, minería ilegal, contrabando, destrucción de alcohol adulterado, venta de gas, patrullaje policial en las ciudades.
Hacer respetar la ley es responsabilidad de la Policía, de la Justicia y de otras instituciones de seguridad, las cuales trabajan con la cooperación de las FF.AA. únicamente en las zonas fronterizas, porque convergen sus misiones con los planes de las FF.AA., para la vigilancia y protección de fronteras, en función de proteger la soberanía, su misión constitucional.
El mejor ejemplo es el funcionamiento del Centro Nacional de Atención de Fronteras (Cenaf), contiguo al puente San Miguel en Sucumbíos. Respaldado por la Decisión 502 de la CAN.
No existe contradicción entre seguridad humana y seguridad nacional; así lo demuestran también, otras iniciativas exitosas, como es el caso del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), creado por la República Dominicana para el control y seguridad de su frontera con Haití.
Según la política del presidente Leonel Fernández, se crea este cuerpo para establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los “puntos formales” de entrada y salida de la frontera terrestre. De esta forma, en Bajabon, uno de los cinco pasos fronterizos formalizados, se ve pasar hasta diez mil haitianos, en un proceso organizado y controlado que les permite al final del día retornar a su país, con la satisfacción de haber logrado realizar las compras de mercado necesarias para su subsistencia. Obviamente el apoyo internacional especialmente de España no se ha hecho esperar y el proyecto crece de manera ejemplar para la seguridad humana, al mismo tiempo que se logra efectividad en el control territorial, y de soberanía. La seguridad interna vista así involucra en la responsabilidad a todas las autoridades. En estas decisiones no subyace el dogmatismo que obnubila el liderazgo institucional.