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Miércoles 06 de noviembre 2019

frosales@elcomercio.org

Es trágico para el país que las protestas y actos de vandalismo de los primeros días de octubre, hayan impedido eliminar el subsidio a las gasolinas y al diésel y así mejorar la situación fiscal. Y que, como consecuencia de la barbarie, el ambiente para inversiones, el turismo, la confiabilidad de sus exportaciones y, en general, las condiciones para el desarrollo de los negocios, haya caído a los más bajos niveles. ¿Cómo es posible desarrollar el turismo si centenas de visitantes extranjeros quedaron atrapados en sus hoteles, no pudieron ir a los sitios seleccionados y tampoco tomar sus vuelos de regreso? Será muy difícil atraer inversión extranjera a un país en el que por eliminar subsidios a los combustibles se paralizan sus actividades por 11 días, se saquean comercios, se incendian edificios públicos, televisoras, se suspende el agua potable en una ciudad, se atacan campos petroleros, plantas industriales y empresas agrícolas, y por poco se consuma un golpe de Estado.

Pero hay más efectos negativos: El proyecto de ley urgente que envió el Ejecutivo a la Asamblea, es una colcha de retazos que creará mayor confusión y desconfianza respecto la estabilidad y racionalidad del marco jurídico. Más de 400 artículos que reforman 22 leyes no se pueden analizar y aprobar responsablemente en 30 días.

En el área tributaria: Se grava con impuestos adicionales a los dividendos. La reducción de la tasa de impuesto a la renta para reinversión de utilidades baja de 10 a 8 puntos porcentuales. Se grava con impuesto a la renta la transferencia esporádica de inmuebles, mientras se pretende incentivar la industria de la construcción. Se eliminan o reducen las deducciones adicionales, creadas por ley reciente, para el incremento del empleo, los gastos en seguros médicos e inversión en activos que reducen el impacto ambiental.

Las rentas personales de 100 000 o más dólares al año no podrán deducir gastos de vivienda, alimentación, salud, etc., con un mensaje terriblemente negativo. Habría sido preferible modificar la tabla del impuesto y no buscar este atajo. El impuesto a la salida de divisas, ISD, se reduce del 5 al 2,5% para la importación de bienes de capital y materias primas, pero se elimina el crédito tributario. Por tanto, muchas empresas tendrán que pagar un ISD del 2,5%. Se grava con ICE el pos pago de teléfonos celulares para personas físicas, típica medida de populismo tributario, además inconsistente con ampliar el acceso a la informática.

El Gobierno debería demostrar a la ciudadanía que es imprescindible cerrar el déficit fiscal, para salir de la crisis, lo que se logrará con una drástica reducción del gasto público corriente y un aumento simultáneo de los ingresos al Fisco. Superar los excesos, la corrupción y las inversiones disparatadas del correísmo, exige un doloroso sacrificio.