El país vive de rumores, según anuncios oficiales. A lo mejor tienen razón, lo que no se sabe si vienen del sector oficial, la empresa privada o determinados medios de comunicación, lo cual debiera ser debidamente analizado por los ciudadanos, procesado con información que deben buscar y una vez que se enteren hagan libremente un juicio de valor, el que deseen, pero con cabal conocimiento de causa, no solo con una versión que se intenta imponer y complementariamente varias cadenas.
Hace poco, a los militares en servicio activo se les ha pedido que no hagan caso a los rumores, como si ellos no tendrían la capacidad para analizar y discernir las cosas y darse cuenta claramente lo que sucede, entre ellos la agenda política de defensa, el plan de modernización de la institución, la última reforma a la Ley de Seguridad Pública, el trámite en la Asamblea del nuevo Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y el juicio contra exministros de Defensa y excomandantes con la acusación de delitos de lesa humanidad. Como si en las academias no se hicieran análisis de la realidad nacional ni se conociera el Estatuto de Roma de la Corte Internacional, que desarrolla los crímenes de lesa humanidad y entrara en vigor en julio del 2002 cuando los hechos que se juzgan corresponden al régimen de Febres Cordero (84-88).
Seguramente resulta un rumor la reforma aprobada a la Ley de Seguridad Pública con la disposición de complementariedad de las acciones de las FF.AA. a la Policía Nacional cuando antes ya existía. En Montecristi borraron el concepto de la fuerza pública y establecieron misiones específicas para cada institución y luego se dan cuenta del error, aun cuando la reforma debiera ser a la Constitución por jerarquía de las normas que la propia Carta Política establece en su art. 425. Mal puede una reforma legal estar por sobre una norma constitucional.
Seguramente resulta un rumor la posibilidad de la reforma para que los militares puedan voluntariamente pasar a las llamadas entidades complementarias de seguridad, los cuerpos de vigilancia Aduanera, de Tránsito, de Seguridad Penitenciaria, Nacional Ambiental, que establece el proyecto del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana que se tramita en la Asamblea y que causó la preocupación de la anterior cúpula militar. Los anteriores y se entiende que los actuales son generales de la República, como ponen en sus tarjetas de presentación, y no se deben a una administración de turno sino al país.
Toda institución necesita periódicamente un proceso de modernización, pero en el caso de FF.AA. no se puede distraer sus dos tareas fundamentales que la Constitución le asigna: la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Más aun cuando en la frontera norte persiste una amenaza por la actuación de grupos irregulares de Colombia y la acción del narcotráfico, que no son rumores.
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