La convención nacional de la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas acaba de nominar este fin de semana en Guayaquil a Alberto Acosta como candidato único para las próximas elecciones presidenciales.
No sé si por convicción, grado de madurez o más bien por conveniencia política -solos no conseguirán nada- es la primera vez desde 1979 que las diferentes vertientes de la izquierda ecuatoriana realizan un proceso de selección de un candidato único y, de esta manera, caminan en favor de la unidad y consolidación de la tendencia.
Aunque esto es positivo y realmente digno de destacar, tengo varias preocupaciones. Primero. Es cierto -como ha dicho Gustavo Larrea- que ahora no han nominado a un “advenedizo”, a alguien que no ha tenido trayectoria de lucha democrática, de compromiso claro y radical con la defensa de los derechos humanos y libertades. Sin embargo, eso tampoco asegura un triunfo electoral. Rafael Correa, aunque ahora represente a la derecha, sigue liderando las intenciones de voto y tiene sobre llegada en amplios sectores sociales que la izquierda quiere disputar.
Segundo. Acosta y la izquierda tienen un karma que resulta difícil de digerir. Ellos han sido responsables del experimento llamado Rafael Correa. Si ahora la democracia está amenazada y no existe prácticamente Estado de Derecho, es porque esto se lo fraguó a partir de los “plenos poderes” que se otorgó a la Asamblea Nacional Constituyente y el proceso que se promovió de secuestro de las instituciones del Estado. Uno de los requisitos fundamentales para que exista democracia es el balance e independencia entre los diferentes poderes. El Parlamento no fiscaliza. La Función de Transparencia y Control Social es una instancia dependiente del Ejecutivo, al igual que la justicia y ahora el Consejo Nacional Electoral. Por ello, no se trata de buenas a primeras de decir que aquí no pasó nada y que hay que creerles nuevamente.
Tercero. Si se trata de reinstaurar el proceso de Montecristi, creo que deberían partir de un profundo proceso de autocrítica. Así como ahora veo que defienden la democracia y la plena vigencia de derechos y libertades, deberían convencer al país de que ahora piensan y actúan distinto. Si antes optaron por recurrir a estrategias y mecanismos poco ortodoxos para torcer el ordenamiento institucional, ¿qué nos asegura de que ahora van a actuar de manera adecuada? Da la impresión que ahora recién comienzan a darse cuenta que el fetichismo institucionalista no es solo una cosa que importa a sectores conservadores. El tema de las instituciones no debe importar a los “liberales” sino a todos. Esto es clave cuando se trata de fortalecer la democracia y proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.