En un contexto de extremo peligro y vulnerabilidad, el país se encuentra a prueba en su reto por salvar la economía, y al mismo tiempo enfrentar el grave problema social, derivado de la inseguridad y el crimen organizado.
Las primeras acciones del gobierno se han orientado a proponer a la Asamblea instrumentos para crear empleo, una reforma tributaria y la creación de zonas francas. Luego la competitividad energética. Sin duda son temas urgentes e importantes, pero con tratamientos no sujetos a una concepción estratégica que evite dispersión de esfuerzos y recursos. Más aún si el periodo gubernamental es corto.
En lo inmediato, el reto es mantener el empleo y crear las facilidades crediticias, en condiciones especiales, para reiniciar el proceso productivo por parte de las empresas. Se debe crear capacidad de consumo hacia la que se dirija la producción, y proteger a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, porque son el sector de mayor generación de empleo y de atención al mercado interno. Ante la escasez de recursos para esta política emergente, se requiere de la recaudación de recursos de los sectores más ricos del país, en cumplimiento de sus obligaciones tributarias, para constituir un importante fondo sin afectar la baja capacidad de consumo actual de la población.
Las acciones de corto plazo deben constituir el punto de partida de una estrategia de reconstrucción de la economía y de una política social orientada a sostener el proceso de mitigación de los efectos de la crisis. Esto implica anticipar las probables tendencias en el corto y en el largo plazo de la economía nacional en el entorno mundial.
Un proceso de recuperación económica del país requiere de un nuevo estilo de desarrollo definido a partir del análisis de las tendencias previsibles y de las nuevas opciones viables. En él, la fe en las virtudes del mercado, con el credo del poder de la libre competencia como garante de la “asignación óptima de los recursos” debe ser superada. Existen ámbitos en los que el mercado presenta serias disfunciones y en los que resulta necesaria una intervención activa del Estado: los bienes públicos (que benefician a todos aunque no se establezca un precio); los monopolios naturales, que requieren costosas infraestructuras; y, las externalidades, con las repercusiones de la actividad de unos agentes económicos en otros, sin que exista una contrapartida monetaria.
Por tanto, resulta imprescindible la acción del Estado, incluso en una economía llamada “de mercado”-que en realidad es de economía mixta- para controlar los costos de los fracasos del mercado.
Le corresponde al Estado, con la suficiente fuerza, adecuar el marco jurídico, técnico, social, moral, cultural y hacer que los operadores privados y públicos respeten las reglas del juego, garantizando que la competencia no será falseada en el mercado.