Enrique Echeverría

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Con optimismo observamos cambio de importancia en relación con la justicia y su administración.

La liberación de Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez, perseguidos con saña por su resistencia contra el gobierno anterior; la absolución del Dr. Polibio Córdova y de la empresa Cedatos, con particular énfasis si se tiene en cuenta que quien propuso la acción contra él fue la Dra. Rosana Alvarado que actualmente continúa en el gabinete del Presidente Moreno; la persecución –aunque sin cárcel- contra el joven político César Montúfar; contra Andrés Páez; al Presidente de la Comisión Anticorrupción Jorge Rodríguez y una serie de personas que afrontaron dificultades de diverso orden, hacen columbrar un nuevo tiempo para la justicia.

El Consejo de Transición tiene en su facultad la permanencia de muy altos funcionarios del Estado, que los elegían por “concurso de méritos y oposición”, en uno de los cuales Carlos Pólit fue consagrado Contralor General con la calificación de 100%. Este Consejo tiene oportunidad de alentar pequeños o medianos problemas de la Función Judicial.

No se puede desconocer que el gobierno pasado realizó obra material renovando o creando infraestructura para Cortes y Juzgados. Están a la vista. Pero tampoco se puede negar que ejerció presiones y cierto control sobre la actividad de los titulares de la administración de justicia. ¿Cómo se puede entender, por ejemplo, que por haber omitido la eliminación del nombre de un cliente a pesar de que había pagado totalmente su crédito, resulte sancionado con USD 300 000 de multa; y “en apelación”, la alta Corte le conceda USD 300.000 adicionales?

Para quienes ejercemos abogacía, es impresionante constatar que jueces y fiscales están con carga laboral imposible de despacho oportuno.

A título de denuncia, presentan ante los fiscales los casos más extraños: que recibió un golpe en el brazo, denuncia por intento de asesinato; que la empresa de seguros no ha pagado los daños de un vehículo siniestrado, denuncia de estafa, pese a que antes, la Superintendencia de Compañías resolvió negarle el derecho; que el médico X, ha realizado una intervención que, a juicio del denunciante, no había sido necesaria: reclamo por un valor superior a USD 4 millones; que en Solca se han “equivocado” en el tratamiento de un paciente afectado de cáncer, denuncia y aspiración de 2 millones por indemnización; etc,etc,etc.

Ojalá la esperanza no quede en eso. Desde hace décadas venimos oyendo la misma música: cambio, cambio; revolución, inclusión; pero apenas hace 20 años quedamos en la pobreza por el feriado bancario; y con la “Revolución del siglo XXI” estamos en una crisis muy aguda. Los señores dedicados a la política deben cambiar… o todo seguirá igual o peor.