Tomado de diario La Tercera de Chile
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2021 elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, reveló que los esfuerzos para enfrentar la corrupción hoy son más necesarios que nunca.
Ya en 2020, este índice había reflejado una disminución en la capacidad de descubrir, castigar y prevenir la corrupción, lo que se vio acentuado con la pandemia, en especial en América Latina. De hecho, 5 de los 15 países latinoamericanos evaluados, registraron disminuciones significativas en sus puntuaciones, siendo Brasil y México los países que mostraron caídas más bruscas.
Y a pesar del pesimismo, estas últimas semanas han aparecido señales de esperanza. El actual Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio a conocer un memorando en el que establece la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad nacional, y en el que se compromete a promover la gobernanza, aportar transparencia a los sistemas financieros, además de prevenir y combatir la corrupción a nivel global.
Este memorando entrega un dato decidor: se calcula que solo en términos financieros, los actos de corrupción restan entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Y a pesar de que este costo no es igual para todos los países, lo cierto es que el soborno, abuso de poder, apropiación indebida, las empresas fantasmas, el blanqueo de riqueza ilícita, entre otros delitos, afectan la confianza de los ciudadanos, la democracia, la equidad y socava los esfuerzos en pos del desarrollo, en especial, en economías más débiles.
De esta manera, Biden dio un plazo de 200 días a las agencias y oficinas de Estado, para llevar a cabo un proceso de revisión interinstitucional y desarrollar una estrategia presidencial para el combate contra la corrupción, que incluya acciones como modernizar y dotar de recursos a las agencias clave; proponer una legislación pertinente al Congreso; aplicar con firmeza la ley federal que exige a las empresas informar de los propietarios efectivos al Departamento del Tesoro; reducir el secreto financiero extraterritorial; exigir rendición de cuentas, identificar y recuperar los activos robados; entre otras medidas.
Lo anterior es una excelente noticia para América Latina, tanto para sus gobiernos como para sus empresas, quienes deberán estar alertas y ocuparse de prevenir la corrupción, pues las exigencias serán mayores en cuanto a probidad y normas éticas. Es más, el fortalecimiento de una ley que ya es poderosa como lo es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), exigirá que los programas de cumplimiento estén correctamente implementados, lo que obligará a revisarlos y actualizarlos, asegurando recursos adecuados en presupuesto y personal a cargo, además de chequear la guía actualizada del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). Asimismo son esenciales las reevaluaciones de riesgo.