León Roldós

Concretar, Presidente

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La promulgación de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, a 27 meses de iniciado su Gobierno, direcciona un rumbo que no puede perderse entre errores, omisiones e indecisiones. Las decisiones deben ser oportunas.

La reactivación económica sólo podrá tener éxito en la medida de la confianza de los actores, con inversión y generación de puestos de trabajo, por un lado, y por disminuir los riesgos de conflictividad social.

Las finanzas públicas requieren transparencia en las cifras y en el actuar de sus responsables, condiciones ausentes en la década del Correato.

La perversa práctica desarrollada en el correato de un Estado moroso para pagar sus obligaciones, debe corregirse, por lo menos reconociendo lo que se debe, lo que permitiría programar los pagos para cuando haya los recursos líquidos que se requiere.

La morosidad, es inseparable de la corrupción, porque como quienes tienen que cobrar, a su vez deben pagar a terceros –y con intereses, que no acreditan las entidades del sector público- pueden ser presa de condicionamientos en la desesperación para que se le pague.

No faltarán los que querrán convencerlo, Presidente, en el sentido de que es preferible que no se evidencien obligaciones que se deben, porque así no serán deudas en firme, ni sus valores se registrarán en las cifras de deuda pública. Este sería un comportamiento deshonesto.

Me refiero específicamente a temas como las diferencias de los fondos de reserva del Magisterio Nacional y de la docencia universitaria, que se arrastran desde la primera década del siglo XXI, y a los millones y millones de deudas a proveedores, que aún no se autoriza facturar. Si hay duda de la autenticidad de deudas o pasivos, investíguese y decláreselo así, de probarse su improcedencia. Pero, de establecerse la procedencia de deudas o pasivos, debe haber un plan de pagos, desde el corto hasta el largo plazo.

Los discursos anticorrupción se multiplican, pero ¿qué hay de acciones concretas? La Contraloría está cumpliendo con el país con los exámenes especiales, las glosas y el traslado de los informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía. De no darse decisiones y acciones concretas para sancionar la corrupción y recuperar lo que sus responsables causaron de perjuicios, los discursos dejarán la imagen de solo tongo.

De acuerdo en que se invite a empresarios privados y a inversionistas extranjeros a que se asocien con el sector público, pero la transparencia es esencial. No será aceptable permitir la práctica de filibusterismo que se producirá de darse privilegios o tratamientos preferenciales, a los que aparezcan como inversionistas, facilitándoles lucrar por las condiciones indicadas, más que por la eficiencia.