El Gobierno está empeñado en demostrar lo conveniente que resulta ser social cristiano. Mientras realiza obras con sus propios recursos en la partidocrática Guayaquil, en la obedientemente verde y revolucionaria Quito no cumple ni con sus obligaciones.
Honrando esa sabiduría ancestral ecuatoriana que dice que para solucionar los problemas basta con expedir una norma, en Quito existe una tasa de seguridad. Así, mientras en el resto del país la seguridad es un derecho, en la capital es un servicio.
La ordenanza correspondiente establece que por cada dólar que el Municipio cobre por concepto de esta tasa, el Gobierno Nacional contribuirá otro dólar. El único problema, según ha dicho el concejal Fabricio Villamar, es que la última vez que el Gobierno honró este compromiso fue en febrero de 2010.
Así paga el Gobierno a sus devotos, mientras que en una región del país más aficionada a la partidocracia hace méritos. En septiembre inauguró el Puente de la Unidad Nacional. El mismo mes, anunció que declarará en emergencia la vía Perimetral. Además, participa activamente -con gente, plata y propaganda- en la legalización de barrios de Guayaquil, cosa que no se ha visto en Quito.
Esta antipatía del Régimen con la capital resulta particularmente injusta si se considera que Quito, donde habita el 15% de la población del país, ha contribuido con el 53% de los tributos recaudados por el SRI en 2011.
Para rematar el embate a la capital, el Gobierno acaba de subir el impuesto a los vehículos. Como la ciudad alberga al 45% del parque automotor del país –según declaraciones del propio Alcalde–, este incremento tributario afecta principalmente a los quiteños, con lo cual su aporte al fisco será aun mayor.
Encima, igual que con la pregunta de la consulta popular que iba con dedicatoria a los quiteños, a la autoridad de la ciudad no se le escuchó oponerse a este paquete impositivo que perjudicaba particularmente a sus mandantes. Y el Alcalde, cosas de la vida, anda molesto de que los quiteños no estén dichosos.
En resumen, el Gobierno no paga su parte para combatir la inseguridad de la capital, pero sí destina recursos propios para realizar obras adicionales en otras ciudades, como Guayaquil, lo cual resulta paradójico considerando que en Quito es donde más se aporta al fisco. Adicionalmente, el Gobierno sube las tarifas de impuestos que afectan a los quiteños, pero no hay quién reclame en nombre de estos.
El Gobierno, que tanto denuesta la esencia del mercado, está revelando las virtudes de la competencia. Como en Guayaquil quiere demostrar que es superior a la fuerza política del Alcalde, hace sacrificios de su propio bolsillo para entregar buenas obras. En tanto, Quito es su esposa sumisa y, por eso, se permite una cómoda panza y una que otra confianza.