Fueron 10 años de desaciertos en la conducción económica donde calza perfectamente la afirmación de ser el período de la mayor bonanza económica pero también el del mayor desperdicio de recursos de la historia republicana. En el último año la presencia de los 2 primeros ministros de economía, lamentablemente, continuó la misma tónica previa, esto es, más endeudamiento sin corrección de los equilibrios macroeconómicos. Sin embargo, el nombramiento del nuevo ministro y el contenido del reciente proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional, introduce principios de política económica que sin duda promueven un cambio de rumbo, un nuevo norte.
Se crean esperanzas de cambio, se presentan vientos de optimismo, coyuntura que el gobierno no puede ni debe desaprovechar. Es importante recordar que durante más de una década nunca se habló de conceptos como el de reducir el tamaño excesivo del Estado, alcanzar metas de equilibrio primario en el presupuesto del Estado, de reducir el gasto público, de generar ahorros por la producción de recursos naturales como petróleo o minerales, de buscar activamente inversión internacional, de pretender suscribir acuerdos de comercio o de reducir ciertos impuestos. Esos conceptos ,muchos de los cuales deben ser técnicamente cambiados o ajustados de una forma que produzcan los menores problemas y alcancen los mejores resultados. Sin embargo, la ley enviada sí constituye un cambio de rumbo positivo que merece el apoyo ciudadano. El gobierno está abierto a escuchar y aplicar ajustes al proyecto al igual que los miembros de la comisión parlamentaria. Con ello, se configura un ambiente propicio para aprobar una ley, no perfecta, pero que podría ser buena y que, sobre todo, modifique la tendencia perversa anterior.
El gradualismo, inmerso en el programa económico, no debe ser entendido como una política económica tibia, sino como un esquema de aplicación gradual de decisiones pero en la intensidad adecuada. Si los ajustes, al gasto público, son muy tenues por no comprometer respaldos políticos, se corre el grave riesgo de que el ordenamiento fiscal se diluya y termine sin resultados. El fijar una meta de balance primario es correcto, pero sin duda la meta debe complementarse con un objetivo fiscal global. Que el gobierno se sienta más oxigenado por el aumento del petróleo es muy peligroso, pues distrae el ordenamiento y hace que las finanzas públicas se tornen más vulnerables a un factor que no controla como el precio del crudo. Que los contribuyentes con remuneraciones de más de USD 100 mil anuales no puedan deducir impuestos es ilegal, pues no se puede beneficiar a unos y no a todos. Esto es una secuela del pensamiento socialista que nunca contribuyó a una sana economía. El cambio de tendencia es lo de fondo.
Columnista invitado