Farith Simon

Posorja y la Granados

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Lunes 22 de octubre 2018

@farithsimon

Jueves, 19:30 de la noche, un joven estudiante camina por la avenida Granados en Quito. A la distancia ve a una mujer, desconocida, forcejeando con cuatro hombres que tratan de meterla a la fuerza a un auto. No duda, se acerca y grita “¡Hey!, qué hacen con mi amiga”. La respuesta viene en forma de insultos y amenazas. Uno de ellos le ataca con una botella rota, sufre cortes en la mano, cercenan sus tendones y marcan su cara. Algunos de los agresores escapan, sin embargo el joven herido detiene a su atacante. Al llegar los policías, a toda costa tratan de convencerles que no presenten la denuncia. Tomará mucho tiempo y se meterán el líos dicen los policías. La joven agredida decide irse, no denuncia, él estudia derecho, no quiere dejar las cosas así. De mala gana le llevan a la unidad de flagrancias. Le dejan en la sala de espera, nadie le dice nada, no le atienden. Dos horas desangrándose, decide ir a un centro privado de salud. La Fiscal intenta impedir que se vaya con mentiras, “si usted se va, el agresor quede libre”. Al fin, 11 horas más tarde terminan los trámites y puede regresar a su casa. Herido, cansado y decepcionado, ha perdido un poco más de su fe en la justicia, en el derecho y en las instituciones.

Policías y fiscales por comodidad, negligencia o corrupción promueven la impunidad y desprotegen a las víctimas de delitos. Estas actitudes les hacen de alguna forma corresponsables de dramas como el sucedido en Posorja, porque no es un hecho aislado, es una señal del grave deterioro social e institucional en que vivimos. Sentimos desconfianza en un sistema de justicia. Víctimas, familiares y testigos se sienten desprotegidos. La desconfianza se ha instalado.

Sumen a esto la facilidad con la que la información falsa circula, agravando una situación ya compleja. En estas semanas las redes sociales se inundaron de noticias sobre el secuestro de niños, creando una sicosis colectiva que alimenta el enojo y el miedo. Mientras políticos inescrupulosos venden su discurso de “mano dura”, alimentan es temor social, aprovechan la incertidumbre, esperan recibir su premio en las próximas elecciones. Existen medios de comunicación que aprovechan, la crónica roja vende.

Muchos defensores de los derechos por ingenuidad o incomprensión olvidan que una condición fundamental para poder gozar de los derechos es tener seguridad, que una sociedad que respeta los derechos no puede dejar sin respuesta a la criminalidad, porque no prevenir los delitos y no investigar, juzgar y sancionar es una omisión de una obligación estatal. Se requiere una política de seguridad ciudadana respetuosa de los derechos, dejando de lado los paternalismos que explican todo como un resultado de la pobreza, e interpretaciones que dan paso a la violencia, a las políticas de mano dura que justifica todos los abusos en nombre de la lucha contra inseguridad.

La tragedia de Posorja no debería repetirse, es solo una esperanza.