La estructura productiva del Ecuador no ha podido ser modificada en los últimos 40 años. Lo que producimos para la exportación sigue basándose en materias primas minerales y agrícolas, con escasa diversificación y poco valor agregado. Como esta situación compleja es difícil de ser revertida, el desarrollo ecuatoriano de las próximas décadas seguirá impulsado solamente por las materias primas. Por esta razón estructural es que el desarrollo minero resulta ser una variable estratégica para conseguir el buen vivir de la gente.
Y entonces se abre el debate sobre las contradicciones del modelo extractivista, pues por un lado la pobreza exige más recursos para impulsar la inclusión social y, por otra, se debe asegurar una explotación ambientalmente sostenible. Enfrentamos la disyuntiva de explotar los minerales con las grandes empresas mineras, que pueden precautelar el medioambiente y por eso la negociación del Ecuador con las empresas canadienses y chinas está conflictuada precisamente por la exigencia estatal de una mayor participación de la renta minera, pero ante el riesgo de que no se haga la explotación, cabe llegar a un punto de equilibrio en que las dos partes estén insatisfechas y, paradójicamente, ambas ganen.
A estas alturas del siglo XXI, los ingresos económicos de la minería debe servir para formar mejor a las personas, para satisfacer la soberanía alimentaria, para mejorar la infraestructura física y la social en los medios rurales. Una explotación minera debe crear encadenamientos productivos para diversificar nuestras exportaciones, sobre la base de tecnologías modernas, para lo cual el concurso de las empresas privadas extranjeras dotadas del conocimiento técnico es indispensable. Manteniendo el control del Estado se puede lograr un nivel de convivencia con las empresas transnacionales, si se quiere hacer cosas importantes en esta materia.
Como los yacimientos mineros están cerca de las comunidades indígenas y campesinas hay que precautelar las condiciones de su vida cotidiana de modo que la minería no les afecte. Esto tiene repercusión política y el gobierno no la dilucidará antes de las elecciones de febrero/13. Cabe hacer las consultas previas del caso, sopesar la influencia política de estas comunidades frente al contexto de la población nacional y ofrecer compensaciones sociales para tener un modelo de continuidad y de permanencia que asegure una actividad sin tropiezos ni incertidumbres.
Lo básico es que el Ecuador aplique una política que le dé buenos excedentes para financiar su desarrollo y que las exigencias de un desarrollo ambientalmente sustentable sean satisfechas por las compañías privadas bajo el control del Estado. Todo esto para sostener los objetivos inspirados en el buen vivir de los ecuatorianos.