25 de February de 2011 00:00

Pobres derechos políticos

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El 20 de febrero se reportaba en algunos periódicos el hecho de que había expirado el plazo dado para que Carlos Vera entregue las firmas necesarias para la revocatoria. Atrás de ese titular se escondía una dolorosa y masiva violación de derechos fundamentales; otro evento de este tipo para la colección del Régimen.

Por un lado pensé en Carlos Vera, deseándole paciencia para aguantar la frustración que se debe sentir el batallar tan arduamente en un combate tan dispar, contra quien está dispuesto a hacer trampa. Además de serenidad para que la ruptura que sufre de sus derechos políticos fundamentales no lo vuelva loco. Si incluso para mí, que apenas sigo a la distancia los eventos, que no tuve la generosidad de dedicar mi tiempo, la disciplina de levantar fondos, la persistencia de lidiar contra instituciones déspotas, las acciones del CNE y la Corte Constitucional me sentaron como un chirlazo; espero que Carlos Vera no desmaye a pesar de esas injusticias.

Pero no es solo cuestión del líder, estos dos organismos también bailan flamenco encima de nuestros derechos. Para poder ser suficientemente analíticos, centrémonos en el requisito impuesto por el CNE de que las firmas para la revocatoria sean de quienes hayan votado en las últimas elecciones.

Está claro que los derechos políticos de los ciudadanos no se agotan en la libertad de liderar movimientos políticos sino que incluyen la libertad de apoyarlos. Parte esencial del sistema democrático es el establecer las vías para ese apoyo y promover ese activismo político. En ese sentido (aunque a mí siempre me ha parecido una figura irracional) la obligatoriedad del voto busca asegurar la implicación del ciudadano en la vida política.

Pero esa obligatoriedad no puede jamás penalizar el mismo ámbito que trata de promover. Es decir, si se sanciona a quienes no votaron impidiéndoles una siguiente participación política, entonces aquello que se logra es lesionar el objetivo inicial de asegurar participación política. Es como si para que votemos en mayor número, el CNE penaliza a quienes no votaron con no votar en el futuro. ¡Brillante, francamente brillante!

Para colmo se adopta la medida retroactivamente. Es decir, que quien no fue a votar las anteriores elecciones no sabía las consecuencias que le caerían a causa de ello.

Yo vivo afuera y me fue imposible votar en las anteriores elecciones; estoy seguro que al igual que muchos otros emigrantes que no pudieron desplazarse hasta los consulados. ¿Quiere esto decir que no nos vemos afectados por el gobierno de Correa? Penosamente sí; porque se nos deja fuera del ámbito de protección del artículo 105 de la Constitución.

Personalmente me siento traicionado por el servilismo con el que esos dos organismos vendieron nuestros derechos.

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