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Muchos políticos, administradores y académicos consideran que Ecuador es un país ingobernable. El mal funcionamiento general conduce no solo a creer que la política ha fracasado, sino que genera una abulia general en todos los sectores de la sociedad y aleja del servicio público a los mejores ciudadanos.
No hace falta dar ejemplos del mal funcionamiento porque todos vivimos esa experiencia. Son los casos estrafalarios los que llevan a desesperar y a creer que no es posible la recuperación. Desespera, por ejemplo, ver al partido de gobierno haciendo piruetas en la Asamblea Nacional por defender a Godoy. Pretenden ser sutiles, pero parecen carteristas con manos de elefante.
Si el partido que gobierna, tras haber declarado la guerra al narcotráfico, dilata, enturbia y pervierte el juicio político y solapa la degeneración de la justicia, ¿cómo creer en la buena fe de los políticos y en los sistemas de control? ¿Cómo entender que le acusen de favorecer a narcotraficantes y, sin embargo, permitan que siga nombrando y destituyendo jueces?
Lo que está en juego es el control de la justicia. Si el gobierno pierde esta guerra y pierde a Godoy empezará otra guerra por su reemplazo; es una guerra que involucra a la Corte Nacional de Justicia que tiene nuevo titular y comporta nuevos riesgos como que pretenda ser independiente ateniéndose a la Constitución.
Perder a Godoy es inasumible para el gobierno, pero quedarse con Godoy sería un riesgo muy grande, suponiendo que las piruetas resultaran exitosas. La confianza en el Consejo de la Judicatura sería irrecuperable, la sospecha se cerniría en cada decisión y el personaje que está al centro del debate es tóxico.
En los próximos meses deben ser nombrados cientos de jueces y conjueces, incluso para la Corte Nacional de Justicia; de un lado empezarán las prisas para las designaciones y del otro los retrasos y anulaciones de los concursos. La guerra por el control de la justicia no termina nunca. Esto no es democracia.