En 6 de diciembre, mientras Quito celebraba, se desplomó la producción de Petroecuador.
Se explicó que cayó la generación eléctrica con lo que se paralizaron 728 pozos. La culpa, se señaló, era de un fenómeno atmosférico. ¿Qué tan tremendo fenómeno? Pues fue un simple rayo que impactó una línea eléctrica que carecía de protección a tierra, porque se habían robado el cable de cobre, y no había sido repuesto. Ya había pasado antes.
Es inconcebible que una empresa descuide algo tan básico como la seguridad eléctrica. Petroecuador ni protege sus instalaciones, ni las repara a tiempo sea por negligencia o por falta de presupuesto. Cabe preguntarse si el país es más soberano porque tiene a cargo de un activo estratégico a una empresa estatal que hace mal su trabajo, o si lo maneja una empresa privada que tiene que responder con resultados, o ser sancionada.
Petroecuador tiene exceso de responsabilidades, y lo que cabría es restringir su gestión a lo que pueda realizar cabalmente con su presupuesto y personal. Pero resulta que se va a hacer todo lo contrario: a fin de mes va a asumir los bloques que fueran de Repsol, cuya concesión caduca.
La empresa canadiense NSE compró la subsidiaria local de Repsol. Con el vencimiento del contrato, NSE ya no tenía derecho sobre los activos, pero aspiraba a continuar la operación con un nuevo contrato. NSE presentó un programa de inversión exploratoria, además de un proyecto de enlazar la infraestructura del bloque con el ITT y el OCP. El Estado pudo negociar nuevos términos económicos, pero optó por descartar la propuesta.
Lo que podemos esperar es que Petroecuador no pueda desviar un centavo de otras tareas para invertir en los bloques de Repsol, la producción se va a desmoronar, y Petroecuador aumentará su inflado rol de pagos con quienes fueran empleados de la empresa española.
Se anuncia que la política petrolera es más inversión privada, pero en la práctica se la rechaza y se prefiere trasladar más responsabilidades a Petroecuador.