Estamos en 2025, la revolución ciudadana ha vuelto con hambre y sed de justicia, el presidente ha dado la bienvenida en el aeropuerto al expresidente que ha sido exonerado de todas sus culpas y los nuevos jueces han iniciado juicios en contra de los jueces que condenaron a los revolucionarios que han vuelto de México y Venezuela. El vicepresidente, afiliado a la revolución ciudadana, ha viajado a todos los países de Latinoamérica con la misión de restaurar Unasur y los demás organismos de integración regional.
La mayoría legislativa ha aprobado por unanimidad (la oposición no asistió a la sesión) los derechos de los animales y ha facultado a los abogados que los representen ante los tribunales a petición y con honorarios pagados por organizaciones de protección animal.
Ecuador anuncia que dejará de formar parte de la CIDH después de que este organismo ha denunciado la nueva Ley de Comunicación y la violación de los derechos humanos de periodistas. El Registro Oficial ha publicado la ley que prohíbe a los banqueros la posibilidad de ser candidatos o ejercer cargos públicos en el sector de la economía.
Sea como predicción, sueño o pesadilla, es fácil anticipar lo que sería el retorno del correísmo al poder. Uno puede imaginar las urgencias, las prioridades, las venganzas que estarán urdiendo y saboreando para su regreso después de ocho años de exilio y convencidos de su inocencia a fuerza de repetirla.
Es probable que ellos mismos, al menos los más lúcidos, consideren inaceptable para el Ecuador una historia circular en la que izquierda y derecha se desalojen del poder destruyan la herencia anterior y en cada vuelta inventen nuevos engaños a los electores.
El sano juicio obligaría a ponerse de acuerdo en un modelo político y económico válido para los dos bandos y sobre todo válido para el país que ha sufrido ya suficientes engaños. Una vuelta más de esta noria constituye un riesgo para los políticos porque se acumulan las promesas incumplidas y el resentimiento tiene límites.