La labor de la Asamblea Nacional en una primera lectura puede ser considerada como fallida o frustrante; sin embargo, de aceptar tal conclusión se perdería el contexto de lo que ha sido la función legislativa y fiscalizadora en estos tres últimos años. No hay mayor diferencia, salvo la composición cuantitativa descendiente de sus miembros, entre la Asamblea, la Constituyente de Montecristi o el espurio ‘Congresillo’ que fue creado por un ilegítimo Régimen de Transición.
En todos ellos hubo predominio de una complaciente mayoría gobiernista junto a una oposición dislocada e incoherente, salvo excepcionales legisladores que bregaron por la vigencia de una auténtica democracia.
Por ese motivo, una vez desnudado el juego del poder absoluto a través de los vetos presidenciales en importantes productos legislativos como el de Participación Ciudadana y en pocos días la Ley de Reorganización Territorial, la del Servicio Público y la de Educación Superior el escenario está completo. Solo queda por comprobar el destino de la Ley de Comunicación y del Código de Planificación y Finanzas Públicas, así como cualquier otro que requieran las necesidades políticas o financieras del Régimen.
Ante este panorama, hay que examinar los escasos márgenes de los sectores independientes del poder oficial. Al respecto, es necesario recordar que las mentes más lucidas de este sector advirtieron del error político que se cometía al aprobar el proyecto de la Ley de Educación Superior luego de la experiencia con el veto presidencial en la ley de Participación Ciudadana. Este consiste en que aprobado un proyecto benigno y hasta democrático, luego es atropellado por un veto presidencial que, para el escarnio de nuestra democracia, de manera general se convierte en ley sin debate alguno.
Por eso, si es que finalmente se va a aprobar un texto de acuerdo a la voluntad suprema es mejor que en origen se lo haga a la medida por parte de la mayoría oficial y sus adláteres, evitando la pantomima de aprobar un proyecto aceptable que luego será destrozado por el veto.
En tales condiciones, los independientes tendrán que optar por impedir hasta que se resista, la aprobación de una ley con el mínimo de los votos o lograr una mayoría por acuerdo con el bloque oficial, dejando constancia -similar a la Ético Político de Diciembre del 2009- de que esos mismos votos se repetirán cuando regrese el proyecto con un veto autoritario y prepotente. En ese caso, si es que se produce la llamada al Palacio de Carondelet para que los oficialistas renieguen del compromiso adquirido, quedará constancia de una traición ética y de eso aprende la sociedad aunque inicialmente parezca una tonta ingenuidad. La resistencia no es un acto de protesta en una coyuntura, es un proceso que tiene sus tiempos y vaivenes.