La protesta de los médicos parecía peligrosa, innecesaria e ilegítima. Se había establecido con claridad el problema y se había anunciado un acuerdo que consistía en el cambio de la ley mediante el veto del Ejecutivo. De acuerdo con el discurso del Gobierno, el nuevo código penal mejora el trato que el viejo código daba a los médicos y hace casi imposible la pena de prisión, en caso de muerte del paciente; para ello tendrían que producirse acciones que sean simultáneamente: peligrosas, innecesarias e ilegítimas; las tres condiciones juntas, repite hasta el cansancio la publicidad oficial. En estas condiciones la protesta y las renuncias parecían peligrosas, innecesarias e ilegítimas.
El Gobierno está dispuesto a dialogar con los médicos, aseguraba el discurso oficial, pero añadía que, por supuesto, el diálogo no sería jamás con politiqueros disfrazados de médicos y dirigentes que no representan a nadie. El problema es que aquellos que no coinciden con el Gobierno son calificados como politiqueros disfrazados que no representan a nadie; por tanto, el diálogo tendría que ser con quienes ya están de acuerdo y en ese caso resultaría innecesario. La solución final tuvo que ser el diálogo y la solución resultó sorprendentemente simple.
La reunión de la Celac en Cuba resultó también peligrosa, innecesaria e ilegítima. Peligrosa porque se trata de un organismo que pretende reemplazar a la OEA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana constituyen el único mecanismo al que se puede apelar cuando los Estados violan los derechos ciudadanos. Sería peligrosa la neutralización de estos organismos como pretenden algunos gobiernos.
La reunión resultó innecesaria porque no se ha dicho nada nuevo. Las mismas proclamas de siempre contra el imperialismo, contra el embargo a Cuba, contra la intervención en asuntos internos de los países y a favor de la unidad latinoamericana; todo sin consecuencia práctica alguna.
Es ilegítimo que el concepto de democracia se aplique a regímenes, como el cubano y otros similares, en los que se anula a los partidos políticos, se recortan las libertades, se apresa a los disidentes. Es ilegítimo que el anfitrión de la Celac ordene la detención de los líderes de oposición poco antes de iniciar discursos sobre la libertad y la democracia, sobre los derechos humanos, el diálogo y la concertación. Hace 18 años, la Unión Europea asumió una “Posición Común” que condiciona el progreso de las relaciones con La Habana a los avances democráticos y el respeto a los derechos humanos. Los intereses económicos y las afinidades ideológicas han llegado a la capital cubana, con cara de palo, a respaldar a una dictadura que, solo en el 2013, ordenó 6 424 detenciones arbitrarias por motivos políticos.