El balance de una empresa no cuenta toda su realidad. Hay pasivos que no se contabilizan.
En décadas recientes, el mundo ganó consciencia que la actividad del hombre impacta a la naturaleza; que la introducción de nuevas actividades productivas ocasiona cambios de importancia en las comunidades circundantes, los que pueden o no ser negativos.
Pero también es cierto que al cambio social producido por las nuevas actividades económicas, antes se lo llamaba progreso. La sociedad tiene diez mil años progresando, desde la invención de la agricultura. Las sociedades que no adoptan el progreso, son absorbidas por las más avanzadas.
Cada día se vuelve más común que se sancione o enjuicie a empresas para conseguir compensación por daño socioambiental. Lo que torna conveniente que las empresas, puertas adentro, calculen lo que sería el pasivo socioambiental, o sea el monto que tendría que pagar para tener que hacer frente a reclamos judiciales. Esta práctica la recomendó por primera vez un escritor británico, John Elkington, que la denominó“triple resultado”.
Si una empresa hace ese cálculo, se le facilita asignar fondos para contener los efectos adversos que su actividad tiene sobre la sociedad y el ambiente. Está mejor parada ante la acción reguladora del Estado.
Pero esos pasivos son inciertos. La consciencia de daño socioambiental es novedosa y en evolución. La cuantificación del daño es subjetiva.
En 2010, la ONU publicó un estudio solicitado a la empresa británica Trucost. Esta calculó el daño por emisión de gases invernadero de las 3 000 mayores empresas del mundo en 2008. Concluyó que el daño fue de USD 2,2 billones (millones de millones), equivalente a la tercera parte de las ganancias de las empresas.
El estudio concluye indicando que las externalidades (daños al ambiente y sociedad en general) son tan grandes, que las empresas no tienen consciencia de las mismas ni saben cómo enfrentarlas.
En el Ecuador, la necesidad de enfrentar y reducir este pasivo socioambiental se torna particularmente apremiante, antes de 2008, este tipo de consideración era algo distante. Con la Constitución de Montecristi pasamos a la vanguardia del movimiento pro derechos de la naturaleza, con la Pacha mama en la Constitución y la definición que el régimen de desarrollo debe garantizar la realización del sumak kawsay.
Una amenaza particularmente grave que se cierne sobre las empresas latinoamericanas es que en los casos en que los gobiernos las quieran expropiar, estos pueden demandar por daños ambientales por montos similares a aquellos del valor de la empresa, y en esencia, hacerse de ellas a cambio de compensar al pasivo ambiental.
Cristina Fernández lo anunció ya con la participación de Repsol en YPF argentina.