Los políticos renunciaron a la política y se entregaron a los abogados. Carentes de ideología, huérfanos de proyectos colectivos, incapaces de tener una idea de país, lo que necesitan son asesores jurídicos que les justifiquen, les mantengan aferrados a los puestos y les permitan seguir trepando. Gobiernistas y opositores han convertido la cosa pública en asunto judicial.
Eso que llamamos política ha dejado de ser el trabajo por lo colectivo. En los debates, en los medios y en las redes, los problemas nacionales ceden espacio a las sutilezas legales, a los procedimientos y las interpretaciones de las normas; el lugar de los partidos políticos ha sido ocupado por los estudios jurídicos, el modelo a seguir es el procedimiento judicial y el país se ha convertido en un enorme juzgado. Menos que eso, porque el nivel del debate, el recurso a la simple leguleyada, a la vulgar talabartería jurídica, nos rebajan al nivel de una comisaría.
Lo vemos en el juicio al Presidente de la República, en el que la calificación como político se ha vaciado de sentido, porque sus actores operan como si tramitaran un procedimiento judicial, aplican en el Legislativo las normas propias de la Función Judicial, utilizan la misma jerga y las mismas formalidades que emplearían en cualquier tribunal ordinario. ¿En serio están convencidos que el tema se resuelve acumulando pruebas y llamando a declarar a una larga lista de expertos? ¿Dónde quedó la política?
Un gerente llama a sus abogados para que le defiendan, pero el Estado no es una empresa privada, y los problemas políticos tienen que enfrentarse políticamente. Sí, el derecho no puede ser ignorado, pero los temas del gobierno no se procesan como controversias judiciales: implican ejercicios de poder que, aunque no nos guste, se resuelven con votos.
Al inicio, el presidente trató de refugiarse bajo las faldas de la Corte Constitucional; hoy se escuda en sus abogados. Ya es hora de que asuma la política.