Óscar Vela Descalzo

Historias infames

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Domingo 26 de mayo 2019

Hace pocos días escuché otra de esas historias infames de la década pasada. Néstor Marroquín, ingeniero de sistemas y docente universitario, tuvo la desgracia de haberse cruzado un mal día con el peso descomunal del poder concentrado en un gobierno tirano que abusó de su posición sin límites y que aplastó con esa fuerza a opositores, denunciantes y contradictores.

Según Marroquín, su desgracia comenzó en el año 2007 cuando entró a trabajar en la Dirección Nacional del Registro Civil en calidad de asesor para el proceso de modernización de la institución. Desde los primeros días fue contactado por personas que mantenían un lucrativo negocio de tramitación ilegal de documentos. Marroquín se opuso por completo a colaborar con ellos y de inmediato se convirtió en su más indeseable enemigo.

Apenas habían transcurrido unos pocos días cuando recibió el primer golpe de poder al ser notificado con una indagación previa por una presunta falsificación de firma y sellos del Notario Cuarto del cantón Quito, doctor Jaime Aillón, en uno de los documentos que Marroquín acompañó a su hoja de vida profesional. Sin demora, pues obviamente el personaje les resultaba incómodo y nada colaborador, se inició la instrucción fiscal en su contra. En esa instancia, el Notario Cuarto, doctor Jaime Aillón, compareció al proceso y reconoció como auténticos la firma y los sellos notariales en los documentos de Marroquín.

Ante la contundente evidencia aportada por el Notario, en diciembre de 2007, la fiscal se abstuvo de acusar a Marroquín. Para ese momento, él se encontraba trabajando como Coordinador de Gestión Tecnológica del Registro Civil, y en esas funciones, en el mes de marzo de 2008, denunció irregularidades en la emisión de cédulas de ciudadanía. A esta denuncia sobre las cédulas se le sumó otra relacionada con presiones para dirigir procesos de contratación.

El 22 de agosto de 2008, Marroquín renunció al cargo de Coordinador de Gestión Tecnológica del Registro Civil y el 28 de agosto del mismo año, seis días después, se revocó el dictamen abstentivo en su favor y se le ordenó prisión preventiva.

Desde la clandestinidad, Marroquín presentó otra denuncia por irregularidades en el padrón electoral para las elecciones de 2009. Unos meses después, en enero de 2010, denunció ante la Contraloría General del Estado nuevas irregularidades en los procesos de contratación vía decretos de emergencia en el Registro Civil. En febrero de 2010, Marroquín fue capturado y condenado a tres años de prisión por un delito que claramente no cometió. Salió libre por rebaja meritoria de penas en enero de 2013.

El programa de modernización del Registro Civil, según el presupuesto aprobado en 2007, debía costar aproximadamente USD 91 millones, pero al final esa cifra se triplicó. Las denuncias de Marroquín anticiparon este hecho, pero, como sucede cuando el poder es abusivo y corrupto, el único que terminó en prisión fue el denunciante.