¡Nuestra pobre política luctuosa, infortunada, digna del llanto de cada ecuatoriano honesto!
El huido Correa volvería al Ecuador con la desgracia que ya nos acarreó; monstruo moral, retornaría en el lugar más ad hoc, ‘adecuado, dispuesto especialmente para este fin’, pues lo haría de la mano de un partido cuyo fundador está en la cárcel por ladrón, y ‘gracias’ a doña Atamaint y algunos de sus colegas que se prestan para trampas y mentiras desde la dirección del Consejo Nacional Electoral.
El contralor Pablo Celi recomienda al CNE desde hace más de un año, por febrero y agosto de 2019, que complete, rectifique o invalide las firmas irregulares con las que se registran cuatro grupos políticos: Juntos Podemos, Justicia Social, Fuerza Compromiso Social y Libertad es Pueblo. Pasa el tiempo y solo hay un torpe silencio de parte del CNE –como cuando éramos niños imaginábamos que, tapando nuestros propios ojos, los demás no nos veían-; se hace caso omiso de la recomendación de Contraloría, que vuelve a insistir, como es su deber. Atamaint, Cabrera y Acero en rueda de prensa, califican de ‘intromisión’ en la política ecuatoriana a esta notificación, ‘que predetermina su destitución e impone una multa por USD 7 880 por no extinguir del registro a las organizaciones’. Sí, las mismas dos sujetas y el sujeto que aprobaron el partido Fuerza Compromiso Social del preso Espinel, a pesar de sus irregularidades, desconocen las observaciones de Contraloría.
El descarado y felón Correa se atreve a hablar de descaro y felonía ante la justa exigencia de la Contraloría. El contralor tiene, no ya solo el derecho, sino el deber de actuar y de presionar al CNE para eliminar a estas cuatro ‘fuerzas políticas’ si no cumplieron los requerimientos para su validación, y evacuar a los Atamaint y etc. ¿Habrá jueces, instituciones tan desinformadas que nieguen la razón al contralor? ¿Ganará la sinvergüencería contra normas explícitas?
La destitución de estos vocales que el buen Ecuador espera con ansia –y no solo por este caso- no afectará al CNE, pues aquellos serán inmediatamente remplazados por sus suplentes. El doctor Rafael Oyarte, uno de nuestros mayores constitucionalistas, reafirma que el contralor no hace otra cosa que cumplir su deber constitucional respecto de la existencia de cédulas falsas y repetidas en esos movimientos políticos; Pablo Celi, como contralor, es funcionario público que debe cumplir con el mandato constitucional de exigir y garantizar que se cumpla con la ley depurando el Registro de partidos, para que no se mantenga la inclusión de movimientos sin base legal. Y el CNE debe cumplir la recomendación de la CGE de dejar sin efecto un registro que carece de base legal.
¡No! Si la pandemia y la inmensa desgracia económica y moral que afrontamos no nos dejan enseñanzas de honradez y dignidad, las muertes, el encierro, los esfuerzos sostenidos, el sufrimiento y empobrecimiento de tantos buenos ecuatorianos no servirán de nada.
¡Que se vayan, ya!