La relación entre el Gobierno y los militares es cada vez más tensa y pareciera que nadie detiene esa tensión. Con la llegada de Ricardo Patiño al Ministerio de Defensa (marzo de este año) se esperaba que los conflictos registrados en la administración de Fernando Cordero mermaran. Los propios militares retirados esperaban aquello. Pero no fue así.
El último episodio ocurrió el lunes. Patiño anunció que el Alto Mando simplemente no acudirá a la Asamblea, pese a la solicitud por escrito que hiciera la semana pasada.
Los comandantes pidieron “exponer argumentos profesionales y técnicos” a las reformas que el Ejecutivo plantea a su seguro, pero no tienen permiso para hacerlo.
El discurso del Ministro es que él es el representante legal de las FF.AA. y por lo tanto quien lleva las políticas del Gobierno.
Eso es verdad y la Constitución (art. 159) también habla de que los soldados son obedientes y no deliberantes. Sin embargo, ellos podrían aportar directamente a los legisladores con datos de primera mano sobre la situación de los 41 000 uniformados.
Este hecho tiene otros antecedentes de duras fricciones. En mayo pasado el entonces comandante de la Marina, Ángel Sarzosa, pidió al presidente Rafael Correa que rectificara unas declaraciones emitidas en la sabatina. Un mes después fue destituido.
Allí, Patiño ya dijo que “algunos militares activos que se han atrevido a violar la disciplina (…) están recibiendo las consecuencias”.
En febrero, Correa también sacó del mando a los comandantes que en ese momento se pronunciaron en contra de que se descontara USD 41 millones de las cuentas del Issfa.
Así ha respondido la autoridad política y eso ha desatado críticas del personal pasivo en contra del poder. Ellos también han sido descalificados. A inicios de año, a un exjefe de las FF.AA. lo tildaron de “sabelotodo” y a tres oficiales en retiro les dijeron “tres chiflados”. Y apenas el jueves mandaron a callar a otro exjefe de los militares. Lo ideal, para la tranquilidad de todos, es que estos roces no se profundicen.