No es extraño que haya regresado al escenario la figura del linchamiento mediático ahora que en el país se han destapado decenas de casos de corrupción originadas en denuncias e investigaciones de la prensa.
Si volvemos unos años atrás, digamos al 2015 o al 2016, por ejemplo, recordaremos que los medios de comunicación eran sancionados, multados, silenciados, enjuiciados y obligados a pedir disculpas cuando denunciaban negociados o actos de corrupción en alguna instancia pública. Recordemos además que en aquel entonces era el propio presidente de la República el que ordenaba tales sanciones en el circo que montaba cada sábado. Recordemos que desaparecieron del país miles de millones de dólares que hoy se ocultan en cuentas cifradas de paraísos financieros, en mansiones y autos lujosos, en caletas, bodegas, colchones, techos falsos o cajas de seguridad de bancos bielorrusos, iraníes y de otras jurisdicciones amigas del dinero negro.
Y, recordemos, finalmente, que la justicia era un brazo ejecutor del mandatario, un organismo obediente y no deliberante que servía lo mismo para amenazar o amedrentar que para anular o callar a los enemigos del régimen.
Cuatro o cinco años más tarde, cuando hemos entrado en la última parte de este Gobierno, nos encontramos cada día con nuevos escándalos de corrupción que salen a la luz en buena parte por la labor de periodistas que investigan y denuncian a los desfalcadores de fondos públicos. Muchos de esos casos corresponden todavía a la década de mayor saqueo de nuestra historia, la del gobierno que controlaba todos los poderes y encubría los delitos de sus cómplices y aliados.
Sin embargo, hay otros casos de funcionarios y políticos que en este período han seguido con las mismas prácticas mafiosas del pasado, y que incluso en la situación más grave y delicada de la historia reciente, en plena emergencia, han aprovechado para robar los pocos recursos con los que cuenta el país en medio de la crisis. Eso sí, la diferencia entre lo que sucedía antes y sucede hoy, es que esas investigaciones y denuncias de la prensa llegan finalmente a la fiscalía y a la justicia, que se encargan de tramitarlas y procesarlas con independencia de las demás funciones del Estado.
De allí que los corruptos de antes y los de ahora salten y vociferen estos días recordando los tiempos en que el tirano silenció a la prensa para ocultar sus fechorías. De allí que ahora se vuelva a hablar de linchamiento cuando aparecen investigaciones periodísticas que descubren negociados hasta debajo de las piedras. De allí que muchos delincuentes o aspirantes a tales, ansíen el regreso del tirano mesiánico que ofrezca impunidad para seguir haciendo de las suyas o que, al más puro estilo de la mafia kirchnerista de la Argentina, llegue otra vez al poder para archivar juicios, liberar presos, levantar órdenes de captura, lavar dinero mal habido y limpiar registros policiales de sus coidearios, cómplices y encubridores.