Antes de la crisis mundial del coronavirus el país ya vivía una situación económica emergente. Se anunciaron acciones que aliviaban la caja fiscal pero a todas luces eran insuficientes y no permitían una recuperación a mediano y largo plazo. Ahora que en el mundo y en el Ecuador se presenta esta pandemia y las urgencias han crecido, las acciones deben ser más intensas y profundas. Esta crisis internacional se expresa en una sola palabra: recesión mundial. No creo se repita la magnitud de la depresión de 1929 que llegó a una caída del 40% del PIB pero el golpe se viene. Lo menos dañino será una desaceleración mundial y sus impactos en el comercio internacional, en los flujos de capitales, en el valor de las empresas, en el cierre de muchas, en la expansión del desempleo en el orbe, en la dificultad de atender compromisos y obligaciones, en la restricción de atender necesidades básicas sobre todo en los sectores más vulnerables. El mundo se va a contraer y el Ecuador también.
El país ingresa a ese torbellino sin defensas y sin ahorros, dependiente del precio del petróleo que se derrumbó por debajo de los USD 20 el barril, un impacto negativo en la recolección impositiva por la caída de la producción nacional y las ventas, serias restricciones para exportar y menor liquidez interna que afecta la capacidad de financiar actividades por parte del sector financiero.
Esta situación absolutamente extraordinaria amerita acciones también extraordinarias. No es admisible que en estas circunstancias sigamos beneficiando al contrabando de combustibles y beneficiando a los más pudientes. Es imperativo sustituir ese subsidio por otro que subvencione al transporte público para que los de menores recursos no tengan impactos en el precio de los pasajes.
Debemos atar los precios de los derivados al mercado internacional como en casi todos los países. Tampoco se puede aceptar que sigamos dirigiendo el 9% del presupuesto del Estado a sueldos y salarios cuando tenemos urgentes necesidades de medicinas y suministros para la salud, sobre todo en estos momentos. Sin perjudicar a los servidores públicos que se queden sin empleo en estas circunstancias, es necesario un recorte de unos USD 2 000 millones en el sector público para utilizar ese ahorro en esta emergencia. Debemos al mismo tiempo caminar de la mano de los multilaterales para buscar una mejor estructura de deuda externa. Una negociación de mercado y amigable que de ninguna manera implique una moratoria que nos cierre el financiamiento que requerimos ahora más que nunca. Además, la búsqueda urgente de recursos externos en magnitud a fin de aminorar el coletazo de la crisis. Estas y otras sugerencias, perfectibles sin duda, son las que un grupo de colegas proponemos. Lo de fondo, esto será posible solo si estamos unidos todos, sin cálculo político o electoral.