Para romper con el inmovilismo histórico del “saber pensar” y entrar en la modernidad con razones para el optimismo debemos admitir que el internet es un derecho humano. Si queremos hacer algo trascendente no solo se debe ofrecer igualdad de oportunidades a los ecuatorianos que salen al mercado laboral sino capacitarles a base de una educación digital que les dote de competencias para aprovechar esas oportunidades; porque si no es así la gente pobre no va a poder superar el retraso estructural que determina que siempre será pobre.
El internet es una herramienta poderosa para recibir tele educación y hacer tele trabajo, que ya es una nueva forma irreversible de laborar. (En América Latina 46% de los niños de entre 5 a 12 años no tienen con qué recibir teleducación). A veces los países incurren en parálisis por exceso de análisis, demoran en tomar decisiones y retrasan las acciones que en este caso deben hacer profesores competentes. Un programa de digitalización masiva, como el que tiene Uruguay desde hace veinte años, es una medida estructural de alto impacto social que el Ecuador debe iniciar inmediatamente.
Para tener una canasta básica digital el país debe invertir el 1% del PIB, que no es mucho frente a otros gastos improductivos, para lo cual el Estado tiene la responsabilidad moral de recaudar mejor los impuestos, sin contemplaciones con los deudores del SRI que, desde antes de la pandemia no pagan USD 2000 millones ni con los deudores patronales del IESS que sobrepasan los mil millones de dólares. No se trata de pedir donaciones ni contribuciones sino de cobrar bien para no subir las tarifas.
El Ecuador podría promover una asociación público-privada para contratar en forma transparente con países como la India que producen equipos tecnológicos de buena calidad a precios justos y proveer de cientos de miles de computadores y equipos necesarios a los educandos pobres del Ecuador, con créditos de proveedores que gozan de altísima rentabilidad o con préstamos de los multilaterales que ya tienen modelos de este tipo en varios países.
En cuanto a la provisión de servicios de internet la CAF tiene el modelo “Internet para Todos” para ayudar a cerrar la brecha digital con neutralidad y sin discriminación. En el Perú ha logrado importantes avances cubriendo a 30.000 localidades rurales y conectando con internet a 5 millones de personas, con lo cual ofrecen servicios digitales en educación, salud, gobierno en línea e inclusión financiera. La CAF sostiene que esta experiencia promueve la inversión privada, usa los recursos disponibles en forma óptima y desarrolla tecnologías de innovación, habiendo logrado la participación del BID y de empresas como una privada de telefonía y Facebook. El Ecuador debe hacer lo mismo inmediatamente, con acceso a internet de bajo costo, pues es algo socialmente virtuoso que sobrepasa cualquier diletantismo ideológico.