Los locos y los poetas están dotados de la capacidad de anticipar las desgracias y carecen de temor para decirlo. El colombiano Jotamario Arbeláez, que reúne ambas condiciones, de loco y de poeta, reflexiona sobre el peligro que acarrea la concepción del enemigo. “Me senté/ a la orilla del río/ y no vi pasar flotando/ el cadáver de mi enemigo”, previene en un viejo poema que concluye: “¿A la orilla de qué río/ o de qué camino/ se habrá sentado mi enemigo?”.
Los enemigos de la revolución cubana se sentaron, hace mucho tiempo, a esperar que pase el cadáver del régimen y no pasa todavía. Los enemigos de la revolución bolivariana se sentaron a esperar que pase el cortejo chavista y no termina de pasar. Los enemigos de la revolución ciudadana están sentados y a la espera. ¿Cuál pasará primero? ¿El cadáver de las revoluciones o el cortejo de los pueblos?
Las enemistades políticas mortales no son gratuitas, son resultado de la usurpación de todos los poderes y la negación de los derechos a las minorías. El precio a pagar es el fantasma del magnicidio. Fidel Castro lleva 50 años escapando de quienes buscan su muerte; Nicolás Maduro, si hemos de creerle, es sobreviviente de 10 complots para acabar con su vida y Rafael Correa ha denunciado varios intentos de magnicidio. El síndrome del magnicidio es característico de los gobiernos autoritarios y es progresivo. Si los opositores no tienen participación en la vida política y se cierran los caminos legales para la resistencia, el mismo poder empieza a imaginar actividades clandestinas y a suponer enemigos mortales en los opositores.
Las enemistades mortales son peligrosas porque, como dice el poeta, mientras se espera que pase el cadáver del enemigo, él puede estar esperando en otro lugar. La revolución ciudadana se ha encontrado con un nuevo enemigo, el Seguro Social. Al desconocer su deuda le pone un reto de muerte porque el déficit es una bola de nieve. Pero los desafiados son peligrosos y numerosos; son los jubilados, los afiliados, los familiares, los campesinos, los policías, los militares; quienes, hasta ahora, creían ser los dueños del dinero ahorrado.
Tres son las deudas que tiene el Gobierno. La primera, 1 700 millones de dólares por la atención a la salud de los jubilados; la segunda, 8 000 millones invertidos en bonos del Estado; y la tercera, 1 100 millones por año correspondientes al 40% de las pensiones jubilares. Toda la deuda se ha negado de un plumazo con aquello de que el IESS es parte del Estado, que es “deuda artificial de 8 000 millones”, “deuda ficticia porque es nuestra propia plata”, y argumentos endebles como que no hay reglamento, que la ley es inconstitucional, que funcionarios del IESS han hecho un cálculo arbitrario y que no necesita porque tiene superávit. Se han declarado los enemigos y se han sentado a esperar.
Lolo Echeverría / lecheverria@elcomercio.org