A más de los graves problemas que enfrenta la ciudad, Quito mantiene una reciente herida abierta: los ataques infames que sufrió por parte de grupos criminales en el contexto de las protestas indígenas contra el Gobierno durante los doce primeros días de octubre. Todavía se puede constatar la saña violenta con la que entraron al edificio de la Contraloría: oficinas calcinadas, ventanales rotos, instalaciones y muebles destruidos, documentos saqueados…Manos avezadas tiraron bombas molotov, prendieron fuego, quemaron llantas dentro de las oficinas e incendiaron vehículos en los estacionamientos. Las imágenes que registró la prensa y se difundieron por las redes sociales son una patética muestra de la magnitud de la destrucción: la zona entre la Seis de Diciembre y Tarqui parecía haber sido azotada por bombardeos de guerra.
La acción devastadora del sábado 12 de octubre fue precedida de otro ataque en la noche del 7: entonces, una turba de encapuchados entró ya a la fuerza a las instalaciones de la Contraloría General del Estado, causó estragos en su interior, se sustrajo y afectó algunos bienes. Al día siguiente, el contralor Pablo Celi denunció a la Fiscalía la acción criminal para determinar el alcance del delito y sus autores materiales e intelectuales.
El sábado 12 fueron capturados en las azoteas de la Contraloría 27 personas contra las cuales la Fiscalía formuló cargos por terrorismo; contra 14 de ellos, dispuso prisión preventiva. Las cámaras de seguridad registraron las imágenes del grupo criminal tanto en el primer ataque como en el segundo. Resulta evidente la intención de quienes quemaron el edificio: fue una acción planificada para desaparecer las evidencias de los escándalos de corrupción del anterior gobierno sacados a la luz por el contralor Celi y para vengarse de la acción institucional.
¿Por qué tras el primer ataque no se tomaron las precauciones necesarias para proteger el edificio, si ya había indicios de lo que buscaban quienes han sido calificados por la dirigencia indígenas como infiltrados en las manifestaciones de protesta?
La herida abierta por la violencia solo se restañará con una acción severa de la justicia y el castigo a los autores materiales e intelectuales de la acción criminal. En los dos meses que corren desde esta herida causada a Quito y el país, ¿qué se conoce del proceso contra los presos? Que la jueza de Garantías Penales Ana Cristina Guerrón suspendió la prisión preventiva y puso medidas sustitutivas a los 14 de los indiciados y que se cambió la figura inicial del delito que se les imputaba, el de terrorismo, por sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros públicos.
No a la impunidad es la medida necesaria para restañar la herida y evitar que estos actos de vandalismo se repitan.