Ni la mezquindad ni el odio político han logrado echar tierra sobre la trascendencia de la firma de la paz con el Perú, la dolarización o la creación del bono solidario como eje de una política social. Esas tres decisiones las tomó el presidente Jamil Mahuad. No obstante otro acto de su gobierno, el decreto de la reprogramación de los depósitos o congelamiento bancario, que fue una dolorosa pero necesaria medida económica, dio pie a una absurda sentencia por supuesto peculado.
Después de tres años de presentado el recurso, tuvo lugar la semana pasada la audiencia de casación. Los argumentos presentados por la defensa del ex presidente son contundentes para probar la forma incorrecta de aplicación de la ley y el irrespeto al debido proceso.
¿Cómo puede configurarse el delito de peculado, que implica la apropiación de recursos públicos con la resolución de congelamiento de los depósitos bancarios? La defensa del ex mandatario argumenta que se fundamentó la existencia de ese delito con pruebas testimoniales de los propios denunciantes, pero sin prueba alguna material, como exige la naturaleza del peculado.
Este juicio penal se ha movido durante dos décadas al compás de las presiones políticas. Pese a que se había dictado a favor del doctor Mahuad sobreseimiento provisional, se reabrió el proceso cuando se había metido las manos en la justica y colocado en las cortes jueces afines al anterior régimen. En 2014, una jueza de triste memoria dictó una primera sentencia condenatoria con 12 años de cárcel contra el doctor Mahuad “por haber malversado fondos públicos”, explica la defensa del ex presidente. Tras la apelación ante la Corte Nacional, la Sala de lo Penal lo condenó a ocho años. En las dos instancias no se observaron normas esenciales que debieron regular el proceso penal. Entre la serie de irregularidades, la defensa del ex mandatario pone de relieve “que el delito de peculado debe probarse identificando inequívocamente los recursos públicos (partida presupuestaria o bienes estatales) que fueron materia del abuso del funcionario público, determinando con exactitud el monto de los recursos abusados y precisando cómo se produjo el traspaso del patrimonio público a favor del funcionario (cuenta bancaria, dinero en efectivo o bienes)”. Aquello jamás aconteció para llegar a la sentencia cuya anulación se espera.
Hasta el ex presidente Correa declaró finalmente que “no está convencido que se hizo lo correcto” con la reapertura del juicio.
Lo que se pide ahora es que los jueces procedan en derecho, y no condicionados por intereses políticos; que no se utilice una vez más el caso para distraer la opinión sobre otros hechos que conmueven el escenario público o al vaivén de los vientos electorales. Es hora de exigir una actuación imparcial de la justicia.