Todos los países desarrollados: Estados Unidos, Canadá, Japón, países nórdicos, otros europeos, asiáticos y de Oceanía tienen instituciones fuertes, confiables e importantes. Es fundamental que las instituciones operen profesional y técnicamente en cada nación.
Los países en desarrollo tienen instituciones débiles porque los actores políticos que ganan las elecciones se apoderan de ellas y las manejan como botines políticos.
Hay un sinnúmero de instituciones públicas, privadas y mixtas. En este artículo me referiré a las instituciones públicas que pertenecen o son financiadas por el gobierno central. La democracia se define como la división de los tres poderes del Estado: Gobierno Central, Congreso o Asamblea y Poder Judicial. Aquí empieza lo malo en los países en desarrollo, donde se crean focos de corrupción promovidos por el gobierno central, para obtener mayoría, compran puestos o dan contratos a dedo a legisladores, al poder judicial y amigos del régimen triunfador. Ponen jueces a su arbitrio para ejercer el poder en forma antojadiza, de esta manera acaban con la democracia y la división de poderes.
Las otras instituciones públicas y politizadas son: la Defensoría del Pueblo, bancos centrales, seguridad social, sindicatos, centros educativos, municipios, gobernaciones, consejos provinciales, ministerios, etc. Todas estas instituciones son codiciadas por presidentes, ministros y políticos aliados del régimen para obtener beneficios personales desinstitucionalizando a las naciones.
En los países en desarrollo, los miembros de los partidos políticos y movimientos identifican las instituciones que quisieran dirigir y apoderarse. Al ganar las elecciones los directivos, gerentes y más funcionarios nombrados van, en su mayoría, con la consigna de beneficiarse personalmente; se alinean o crean grupos mafiosos para apropiarse de lo ajeno y minan de esta manera las instituciones.
Para entender pedagógicamente el descalabro institucional en las naciones en desarrollo, utilizaré un ejemplo de una institución importante como la del Seguro Social en Ecuador (IESS) que tenía un presupuesto anual de 8.379,04 millones al 31 de marzo del 2020. El Gobierno a la fecha acumula una deuda con el IESS de 3.900 millones de dólares equivalente al 47% del presupuesto, lo que quiebra al IESS porque el Gobierno no tiene los recursos financieros para pagarle. Fue el gobierno de Rafael Correa el principal causante de esta hecatombe porque echó mano de los recursos del IESS para cubrir las “necesidades presupuestarias”.
El IESS carece de recursos para pagar obligaciones como: salud, jubilación, préstamos quirografarios, etc. No olvidemos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pertenece a los afiliados y no al gobierno. Otro ejemplo patético es el Banco Central del Ecuador, al cual lo han esquilmado, incluyendo la reserva monetaria en oro que tenía en sus arcas.