Hay una verdadera catarata de irregularidades y actos dolosos cometidos por funcionarios del gobierno de Correa. No hay día en que no se hagan públicos contratos con precios inflados, pagos a familiares de altos servidores públicos, coimas depositadas en cuentas obscuras, nuevos personajes vinculados a investigaciones de la fiscalía, llamados a juicios penales y expedición de sentencias condenatorias.
Pero hay otros temas de una gravedad aún mayor: el asesinato del general Gabela y el secuestro en Colombia del ex diputado Balda, porque serían actos propios de la mafia, para eliminar a personajes que resultaron peligrosos al poder.
Gabela fue asesinado en un obscuro incidente que se ha querido aparecer como delincuencia común. Sin embargo, funcionarios del más alto nivel habrían ocultado informes de peritos, adulterado documentos, declarado secretos análisis sobre las circunstancias del asesinato, en suma, sobran elementos para sospechar que el crimen se habría ordenado desde las altas esferas del poder y se ejecutó a través de sicarios. El alto oficial de la Fuerza Aérea cuestionó frontal y radicalmente la compra de los helicópteros Dhruv, cuatro de los cuales se accidentaron y cobraron vidas de pilotos y auxiliares de la FAE y los tres restantes se prohibió que vuelen por el riesgo que implican. Esa actitud le valió una violenta reacción de quienes finalmente resolvieron la adquisición de tales naves y acusaron al general Gabela de defender intereses particulares. El entonces jefe de Estado justificó más de una vez, con su estilo agresivo y violento, la compra de los Druhv y hasta llegó a afirmar que “había sido un buen negocio” porque se adquirieron a un precio menor que el del mercado y con el pago de la aseguradora por las naves accidentadas, más que se recuperó el valor pagado al fabricante indio. Las investigaciones que adelanta la fiscalía que -ahora parece actuar sin miedo y con libertad- revelan el involucramiento de ex altas autoridades que han sido llamadas a declarar sobre este criminal hecho.
El secuestro de Balda es igualmente escabroso: Todo parece indicar que desde la presidencia de la República se ordenó ubicarle en Colombia – adonde había huido para evitar una prisión ordenada por un juez dócil por un supuesto delito de calumnia – que luego derivó en un secuestro al más puro estilo de la mafia de ese país, del que se salvó por pura suerte, o protección divina, según la víctima, y la intervención de los taxistas de Bogotá, que han desarrollado un sistema para proteger a las víctimas de los secuestros mafiosos.
La sociedad no permitirá que se eche tierra sobre estos hechos y otros similares, como las muertes de Quinto Pazmiño y su viuda y del periodista Fausto Valdiviezo, y exigirá que sus autores reciban la máxima sanción prevista y nunca más se repitan en el Ecuador.