Los ministros de Comercio Exterior, Pablo Campana y de Hidrocarburos, Calos Pérez, informaron que varios consorcios y empresas internacionales se hallan interesados en la construcción de la Refinería de Manabí y que, especialmente, tres de ellos han demostrado su intención de participar en la licitación que se convocaría el próximo mes, de tal manera que la adjudicación la megaobra se haría hasta fines de año.
El presidente Moreno enfatizó, ante representantes de empresas petroleras, que el Gobierno está dispuesto a darles plenas garantías de seguridad jurídica para sus inversiones.
También se ha expresado que se está dando un giro muy importante en la política comercial internacional y que el propósito es continuar trabajando con igual dinámica y orientación para lograr acuerdos con varios países, que sean beneficiosos para Ecuador y que el proyecto de la refinería de Manabí está enmarcado en dicho criterio, lo cual se comenzó con el cambio del anterior nombre de Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, para dejar atrás la imagen de irregularidades que caracterizaron a ese proyecto emblemático.
La idea del proyecto de la Refinería de Manabí se remonta al Gobierno del coronel Gutiérrez, allá por el año 2004, cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de ejecutar la obra en terrenos de la Armada en Jaramijó, pero todo se esfumó con el derrocamiento del de dicho Presidente. Rafael Correa revivió la idea en su mandato y, en compañía del comandante Chávez, colocó dos veces la primera piedra para esa obra en El Aromo, con la consabida parafernalia, pero tan sólo se efectuó la adquisición del terreno y su terraplén, trabajo que se otorgó a dedo a la desprestigiada Compañía Odebrechet y la construcción de un acueducto que también sirve a tres ciudades contiguas, con un costo total de 1.529 millones de dólares.
El Gobierno actual ha replanteado el proyecto, de tal manera que se reduce la planta petroquímica y en esta primera etapa sólo produciría úrea y azufre. El costo de la obra bajaría de USD 13.000 millones a 5.000 millones, lo que, como es obvio, hace más factible la participación de los inversionistas.
En caso de que esta vez culmine esta negociación, la empresa o el consorcio al que se le adjudique el contrato tras la licitación correspondiente, asumirá el costo total y tendrá la concesión por 25 años, luego de lo cual la planta, con capacidad para el procesamiento de 300 mil barriles diarios, pasará a manos del Estado.
Expertos en la materia han expresado su preocupación porque consideran que nuestra producción de crudo es insuficiente para la operación rentable de esa refinería, pero los funcionarios responsables del manejo del área petrolera sostienen que, cuando inicie su funcionamiento, después de cinco años, la explotación de petróleo habrá subido a más de 700 mil barriles, lo que causa cierto optimismo tras una década sin resultados positivos.