Las pensiones, en peligro

Si el Gobierno no pudiera transferir al IESS más de USD 1 000 por año -en efectivo-, las reservas líquidas del fondo de pensiones (Invalidez, Vejez y Muerte) se agotarían en menos dos años.

Este es uno de los datos que consta en el estudio que presentó el Banco Mundial el mes pasado. Luego de hacer un diagnóstico sobre la situación actual del sistema concluye que el pago de pensiones está en riesgo.

Este informe, solicitado por el Ministerio de Finanzas y el IESS, fue dirigido por Augusto de la Torre, profesor de la Udla y de la Universidad de Columbia, además de Heinz Rudolph, del Banco Mundial.

El año pasado, antes de la pandemia, la Organización Internacional del Trabajo (OI) también advirtió que los ahorros que sirven para pagar las jubilaciones se terminarán en 17 o 20 años, considerando que el Estado cumplirá con su aporte del 40%. Ese tiempo se acortará por los efectos económicos generados por el covid-19, por lo que será necesario actualizar el estudio.

Estos documentos serán parte de los insumos que tendrá el nuevo Gobierno para llevar a cabo una reforma a la Seguridad Social, la cual continúa pendiente porque el gobierno anterior no la veía necesaria.

El presidente Rafael Correa minimizó las advertencias sobre la situación financiera del IESS y terminó por complicar el problema. Con el cuento de que el Seguro Social tenía suficientes reservas, el gobierno y los asambleístas correístas aprobaron en el 2015 la eliminación del aporte estatal del 40% para el pago de las pensiones a los jubilados.

Desde entonces, el IESS debió usar alrededor de USD 1 700 millones anuales de sus horros para pagar las pensiones. Además, el delegado del Presidente en el IESS, Richard Espinosa, redujo temporalmente el porcentaje del aporte para el fondo de pensiones.

Estas dos medidas le costaron USD 9000 millones al Seguro Social. Y todavía nadie ha sido procesado por este atraco.

Aunque el aporte estatal del 40% se reanudó el 2019, este ha sido irregular e incompleto, debido a la aguda crisis fiscal, que se ahondó con la pandemia el 2020.

El problema requiere una solución rápida y profunda, ya que el sistema de pensiones no puede financiarse por mucho tiempo, incluso si se mantiene el aporte estatal.

Esta insostenibilidad se explica básicamente porque los beneficios de jubilación son mucho mayores respecto a los aportes de los afiliados, lo cual no ocurre ni en los países nórdicos. En Ecuador, según cálculos del Banco Mundial, los aportes de los afiliados al IESS representan el 20% de lo que reciben en pensiones. Asimismo, como ocurre con el subsidio a los combustibles, los jubilados de altos ingresos se benefician más que los pensionistas de menores ingresos.

El próximo Gobierno cuenta ahora con insumos que le permitirán acelerar los cambios en la Seguridad Social, lo cual demandará de una gran campaña de información a la ciudadanía, empresarios y trabajadores.

La reforma legal al IESS se decidirá en la Asamblea y la presión ciudadana será clave para evitar se repita lo del 2015.