La renovación parcial de los integrantes de la Asamblea Nacional y de los Concejos Municipales es una de las reformas que se vuelven indispensables, ahora que el Consejo Nacional Electoral plantea presentar un proyecto que de acuerdo a la norma constitucional, la Asamblea lo debe resolver hasta un año antes de las elecciones presidenciales.
La renovación parcial en los cuerpos colegiados es una institución sabia que permite renovar sin trastornar, que permite continuar con lo bueno que existe, atemperando el complejo fundacional de la política ecuatoriana. En todo órgano de gobierno existen cosas buenas que hay que mantener y mejorar. Nunca lo que hacen los gobernantes, nacionales o locales, es solo malo. Cuando, como sucede ahora, se cambia completamente la integración de la Asamblea Nacional o de los Concejos Municipales, los elegidos se lanzan a descubrir e inventar todo, con consecuencias nefastas. Cuántos programas sociales, cuántas obras públicas se han interrumpido o anulado porque los administradores elegidos no tienen antecedentes de las razones, motivos, circunstancias y ejecución de esos programas y esas obras. Cuánto dinero se ha desperdiciado por ese motivo y, también, porque se concibe que todo lo de los antecesores está mal. Cuántos esfuerzos y esperanzas se han frustrado por la falta de continuidad en programas y obra.
Tanto el Congreso Nacional como los Concejos Municipales se renovaban parcialmente. Cuando los que gobiernan son de una tendencia y los que les reemplazan son de otra, todo es borra y va de nuevo, desconociendo la necesidad de equilibrio permanente y de representación plural, esencia de la democracia.
La eliminación de las elecciones intermedias provoca agotamiento de la ciudadanía que se harta de sus representantes, como sucede cada vez con más frecuencia. Lo apropiado es establecer un sistema de renovación parcial por minorías y mayorías, que oxigene el ambiente político sin traumatizar la composición de la Asamblea ni de los Concejos Municipales, como sucede ahora que se eligen todos cada vez. Así, su período sería de cuatro años, para lo que se debe establecer una disposición transitoria para la primera renovación.
En la Asamblea Nacional, permitiría que las leyes en proceso culminen su discusión. Con el cambio total, cada vez que se inicia un período se vuelven a presentar proyectos similares a los que ya fueron discutidos y cuyo trámite no culminó, desperdiciando así iniciativas valiosas y el tiempo y el esfuerzo empleados.
En los Concejos Municipales, es más grave aún, porque se suspenden proyectos, se aplazan y dilatan aprobaciones que iniciaron trámites antes, se incrementan costos y se desaniman iniciativas que contribuyen al progreso de la ciudad.
El proceso de reforma a las leyes electorales debe abarcar aspectos fundamentales y no solo parches que no solucionen los problemas estructurales.