Hay que reformar el procedimiento de aprobación de las leyes. Ninguna actividad es tan difícil como la de legislar. Requiere sabiduría, equilibrio, solidaridad y un alto componente de versación. Afectan, las disposiciones legales, positiva o negativamente, a bienes y personas. No hay disposición legal que no influya en la vida, de una u otra manera, mandando, prohibiendo o permitiendo, según la definición del Código Civil, que también dice que la ley es la manifestación de la voluntad soberana.
Por ello, debe ser esa expresión, la de la voluntad soberana, y no la de un reducido grupo. Y el resultado de un minucioso trabajo de investigación, preparación y discusión.
La discusión de las leyes no es, con el procedimiento vigente, responsable y trascendente. El mal precedente se sentó en la Asamblea Constituyente de Montecristi y el resultado es un texto constitucional ampuloso, desordenado, novelero, contradictorio, que agrede al idioma. Sus efectos causan más conflictos y daño que beneficios. Y ocasionan más de un dolor de cabeza a la sociedad, al Gobierno, a los anteriores, a éste, y a los próximos.
Con las leyes, que casi no se discuten, pasa lo mismo, con el agravante de que se aplicarán específicamente, en materias importantes, controvertidas y discutibles siempre.
Es en las Comisiones Legislativas en donde se resuelven los textos, que en caso de que su informe reciba la aprobación del Plenario, es el que se convierte en Ley, sin que los asambleístas las discutan, sugieran, revisen y aprueben a conciencia, como debe ser. Y puede ser que ni siquiera en la Comisión, porque es su Presidente el que redacta el informe final y resuelve si incorpora o no las observaciones recibidas, con un poder discrecional desmesurado que ya ha dado origen a más de una sorpresa en el texto final.
Las implicaciones que tiene una coma más o menos, o mal ubicada; un punto seguido o un punto aparte; el mal uso de una palabra, una tilde mal ubicada o la falta de ésta, son de enorme trascendencia en una ley, aspectos que se observan en las discusiones que, artículo por artículo, deben realizarse. La aprobación en paquete, como sucede, es inconveniente y abusiva y sus efectos negativos se observan pronto. Impiden, como de hecho pasa, que los proyectos reciban votos a su esencia, porque hacerlo implica votar por todo u oponerse a todo, se esté de acuerdo o no, y sea conveniente o no. Se aprueban informes, no textos legales.
No pueden ni deben los legisladores convertir el ejercicio legislativo en una fábrica de hacer leyes, que al aprobarse de esa manera, corren el riesgo de ser efímeras, conspirando contra la seguridad jurídica.
Las dos últimas leyes urgentes son una demostración más: descoyuntadas, incorporan y eliminan a última hora aspectos sustantivos a criterio de una o pocas personas.