Lo que trae el proyecto de reformas enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional no aporta ninguna novedad. Más bien ratifica la inclinación del régimen por tratar de sortear una delicada situación con remedios tibios que no atacan la raíz del problema.
Las dificultades económicas por las que atraviesa el Ecuador han sido generadas por la implementación de un modelo insostenible y apuntalado por un gasto excesivo que, cortada la llave de la lotería petrolera y, a consecuencia de ello, cerrado el grifo del financiamiento externo, ya no hay como mantener.
Lo que revela el proyecto de ley, más allá de su contenido, es la intención del Gobierno de llegar a paliar, como sea, cada fin de mes transformado en pesadilla. Atrasos de toda índole con proveedores, gobiernos seccionales e instituciones del propio Estado que no reciben sus asignaciones, marcan un escenario de deterioro que luce inocultable.
A consecuencia de la menguada liquidez fiscal, la economía se resiente, los depósitos bancarios no recuperan el ritmo de otros años cuando la bonanza afloraba; y, por ende la entrega de créditos a particulares también se ve restringida. Todo ello delinea un escenario borroso que, en lo sustancial luce inalterado, puesto que no hay signos de voluntad alguna que pretenda colocar correctivos de fondo.
Tal vez lo único novedoso, que también nace de la urgencia, sea el relanzamiento del experimento del dinero electrónico, pero si no existe confianza de parte de los actores económicos en ese instrumento el resultado más bien puede ser contraproducente, porque la duda sobre las reales intenciones de esa propuesta puede socavar la declinante credibilidad de las palabras de las autoridades económicas, inmersas en un torrente verbal que confunde en vez de aclarar.
Muy poco se puede esperar en este momento de un régimen que nos condujo a una situación delicada. Aplicar correctivos que busquen atacar el problema significaría poner en entredicho todo aquello que pregonaron y realizaron sin que se advierta, por sus declaraciones, la más mínima voluntad de enmienda. Si el grupo en el poder ha tenido como sostén de su accionar político el gasto, es impensable que en un año electoral en el que se juega mucho más que su simple permanencia al frente del gobierno por un período adicional, cambie o modifique esa práctica que le brindó réditos.
Razón más que suficiente para que la ciudadanía exija a quienes se postulen a cargos de elección popular pronunciamientos concretos sobre la manera que enfrentarán la crisis, con el fin de que los electores realicen un escrutinio minucioso de sus planteamientos y elija el camino que considere más conveniente.
Lo que resulta seguro es que cualquier candidato que apoye el oficialismo poco o nada podrá ofrecer, únicamente más de lo mismo. Aquello de por sí ya resulta una pesada carga para quien tome la posta de una gestión que, luego de administrar la mayor riqueza conocida en la historia ecuatoriana, se encargó de colocarnos nuevamente en el punto de partida.
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