Mónica Hernández, directora del Plan Familia, promotora de postergar el inicio de la vida sexual entre los adolescentes, integra la delegación de Ecuador que viajó a Nueva York para presentar un informe en el 60 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW).
Su presencia en ese foro de ONU solo aviva un debate: ¿cuánto ha evolucionado Ecuador en la equidad de derechos de género?¿Qué informe va a llevar el país? ¿Ha evolucionado? Según el INEC, apenas el 32,3% de mujeres de la población económica activa tuvo empleo adecuado en diciembre del 2015 (frente al 67,7% de hombres), casi igual que en diciembre del 2007, cuando tenía empleo el 30,3% de mujeres (69,7% de hombres).
Un estudio de ONU Mujeres en 2014 reveló que en Ecuador una de cada cuatro mujeres fue víctima de violencia sexual.
Aquí el tema delator. Ecuador castiga con hasta dos años de cárcel a la mujer que aborta en casos de violencia. Es un contrasentido que a ese foro en Nueva York haya sido enviada una simpatizante del movimiento Pro Vida, cuya visión reza en el Código Integral Penal (COIP): penalizar el aborto, sin más.
Sí. La portavoz en la CSW ha sido Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea. Pero, es un contrasentido o, al menos, falta de tacto. En 2015, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), de la ONU, pidió a Ecuador despenalizar el aborto en casos de violación, incesto y malformación.
¿La Cedaw? Sí, un Comité que es fruto del trabajo de la CSW y que en su informe 2015 señaló, además, que de Ecuador le preocupa “la persistencia de estereotipos sociales y culturales muy arraigados en el Estado, que sustentan formas de discriminación contra la mujer, la violencia y la desigualdad”.
Para esto último, basta recordar la voz de una subsecretaria tras el crimen de Marina y María José, en Montañita. No. Los exiguos indicadores no son evidencia de igualdad, no como para ir a defenderlos en Nueva York.