Hechos aparentemente disimiles son síntomas de un mismo y complejo fenómeno de base: la acelerada descomposición del Estado y de la sociedad.
En Toacazo, Cotopaxi, dos presuntos delincuentes fueron quemados vivos en la plaza pública por pobladores enardecidos. La gente cansada de la impotencia del Estado frente a la inseguridad y al crimen, toma por mano propia acciones brutales y truculentas, que nos degrada como sociedad.
A pocas horas del hecho anterior, en el centro de Quito, una de las oficinas de la Presidencia de la República es allanada por la Fiscalía, con la finalidad de encontrar evidencias que sustenten la investigación de un presumible caso de corrupción al más alto nivel. Casi en simultáneo, se denuncia un fraude electoral, se acusa a jueces y se derrumba el círculo de poder más íntimo del mandatario, efecto de la contundente derrota electoral en el referéndum.
El barco del Ejecutivo hace aguas. Parece indetenible. La crisis de gobernabilidad irá en aumento. La oposición política y los movimientos sociales fortalecidos en las urnas harán la vida imposible a un gobierno extremadamente débil que, por sus propios errores, sin credibilidad, está cada vez más solo.
Esta situación hasta el 2025 es insostenible. El presidente terminará preso o fugado y el país incendiado. La descomposición se disparará. ¿Cómo detener y canalizar la crisis? Una salida civilizada sería que el Ejecutivo, cargado de sensibilidad e inspirado en una mirada de estadista, active ya la “muerte cruzada”, y convoque a elecciones adelantadas.
Mientras tanto, el Presidente, si desea salir por la puerta grande, en estos meses previos a la entrega de poder, debería activar una intensa agenda social, estabilidad económica, reforma jurídica y política. Uno de los vehículos para esto podría ser la decidida implementación de los acuerdos gobierno-organizaciones sociales que salieron acuerdo de paz de junio del 2022, y que tienen implicaciones esenciales y saludables para el Ecuador profundo.