Las motocicletas cumplen un papel económico-social importante: facilitan el transporte expedito de personas y mercaderías, permiten que sectores de ingresos bajos puedan trasladarse de manera eficiente y que se desarrollen actividades nuevas, como la entrega de alimentos a domicilio.
Ahora bien: lo anterior no implica que tengan una suerte de “patente de corso” para incumplir las reglas básicas de circulación por calles y carreteras, añadiendo un serio peligro al ya caótico tráfico. Se conducen haciendo eses entre los vehículos, rebasan por cualquier costado, se ponen al frente de los automóviles que se han detenido por una luz roja, llegan al extremo de la agresividad y la violencia, denotan un desprecio por su vida y no les importa la seguridad de los conductores de los demás vehículos.
La indisciplina de los conductores de motos ha sido característica desde hace largo tiempo, pero el número de esos vehículos era reducido, con lo cual, aunque incumplían las normas legales y reglamentarias del tránsito, no generaban especial peligro para la ciudadanía. Ahora la situación es enteramente distinta: el número de motocicletas ha aumentado exponencialmente, con lo cual han agregado serios conflictos a la circulación vehicular en ciudades como Quito y Guayaquil, sin que las autoridades correspondientes adopten medida alguna. Al contrario, vista la inacción de los entes nacionales y locales correspondientes, ha derivado en creer que los motociclistas están exentos de toda obligación legal y reglamentaria.
Por razones de supervivencia social esta realidad no puede continuar. No hay peor situación en un régimen de derecho -como se supone vive Ecuador – que el permanente irrespeto a la ley, acompañado de la inacción de la autoridad obligada a hacerla cumplir. Ojalá concluido el actual período electoral, las autoridades abandonen su inacción y exijan el estricto cumplimiento de la ley a todos quienes circulan en calles y carreteras.