Si hubiera un género de “películas económicas”, los villanos siempre serían los monopolios. Y los súper villanos serían los monopolios estatales. Porque serían los malvados dentro de los malos.
Y una de las muchas herencias destructivas de la década pasada es la proliferación de monopolios estatales, empresas a las que el gobierno les da algún tipo de exclusividad (léase “privilegio”) que va en detrimento del bienestar general.
Porque cuando los privilegios se dan a empresas, lo único que se logra es que se vuelvan ociosas y abusivas, y cuando se da esos privilegios a empresas estatales, la ociosidad y el abuso se hace con dinero público.
Un ejemplo de un monopolio estatal es Tame, empresa que ha tenido importantes pérdidas, a pesar del privilegio que tiene de que todos los funcionarios públicos vuelen exclusivamente por esa aerolínea. La causa del mal estado de Tame no es ese monopolio, pero sin duda, ayuda a volverla complaciente e ineficiente.
Y, con un toque de venganza, parte de los problemas de Tame son el resultado de que otro monopolio estatal, Seguros Sucre, no le paga todo lo que debería. No le paga a Tame ni a algunos otros asegurados del sector público, según recientes revelaciones.
Porque Seguros Sucre tiene un monopolio más grande que el de Tame, pues son los aseguradores exclusivos de todo aquello que el gobierno asegura. Esta empresa estatal (que llegó a manos del gobierno cuando el Banco del Pacífico se estatizó) goza de un tremendo monopolio ya que las aseguradoras privadas no le pueden vender seguros al gobierno.
Por lo anterior, es imposible saber a ciencia cierta si los seguros contratados por el gobierno son los que tienen las primas más bajas y, sobre todo, estos privilegios hacen que la empresa sea complaciente y no cumpla con todas sus obligaciones, como es el caso de los pagos a Tame, a quien, según lo reveló Roberto Aspiazu en una reciente entrevista en televisión, no le pagan siete millones de dólares por un avión que se accidentó en Cuenca en 2016 (teniendo que pagar USD 27 millones, sólo pagan USD 20). Si el asegurador no fuera un monopolio estatal, pagaría la totalidad.
Pero los problemas parecería que van mucho más allá, porque esta empresa también aseguró los activos de la Corporación Nacional de Electricidad en Manabí, muchos de los cuales sufrieron daños en el terremoto. Pues con la complacencia típica de un monopolio estatal, no quieren pagar por los daños que sufrieron los bienes que estaban al aire libre y actualmente están en un juicio entre las dos instituciones, juicio que muy posiblemente no existiera si no se tratara de un innecesario monopolio estatal.
Con todo esto, casi que podría desarrollarse el género de “películas económicas de terror”.