Después de los acontecimientos del 30 de septiembre y del recrudecimiento de la delincuencia en el Ecuador, se ha barajado la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cambien su misión y se dediquen también a asuntos de seguridad interna.
Con la finalidad de combatir esta amenaza, el Presidente de la República ha planteado reformar el artículo 158 de la Constitución vía referendo para que las Fuerzas Armadas, a más de dedicarse “a la defensa de la soberanía y de la integridad territorial” puedan asumir misiones propias de la Policía como son “la protección interna y el mantenimiento del orden público”.
En primer lugar, llama la atención que a tan solo dos años de aprobación de la nueva Constitución de la República -norma que iba a mantenerse por los próximos 100 años- ahora quieran reformarla.
En segundo lugar, es un error pensar que los problemas de inseguridad pública pueden solucionarse debilitando a la Policía y fortaleciendo al mismo tiempo a las Fuerzas Armadas. Hay un problema de concepción. La formación, entrenamiento, misiones y tareas de un soldado son diferentes. El tema reside en buscar e implementar mecanismos de cooperación y apoyo entre estas dos instituciones. Para ello, basta con reformar la Ley de Seguridad Pública y del Estado, no la Constitución. El tema de ampliar las funciones de la Policía Militar está en discusión. En Brasil tiene más de 200 años. No obstante, las experiencias no pueden trasplantarse así nomás.
En tercer lugar, comprendo que el señor Correa esté preocupado por el avance de la revocatoria del mandato, de su pérdida de credibilidad y su intención de reelegirse nuevamente. Por esta razón considero que hacer un referendo para tratar temas de inseguridad, corridas de toros y otros será otra tomadura de pelo a los ecuatorianos. Sugiero al Presidente otra cosa: ¿Por qué no pregunta al país sobre la virtual eliminación de los subsidios a la gasolina y el gas, tal y como lo está haciendo su par en Bolivia?
En resumen, es preciso decir que los problemas de inseguridad que vive actualmente el Ecuador no se solucionarán a través de esta vía. Deberían comenzar por reformar el Código Penal, el sistema de justicia -manoseado e intervenido por el actual Régimen-, derogar la política de fronteras abiertas, cooperar de manera coordinada entre las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con asuntos de seguridad, reestructurar los sistemas de inteligencia y, sobre todo, diseñar políticas que aborden las causas delincuencia y el crimen organizado.
En consecuencia, la solución no está en militarizar la Policía sino en dar un manejo más serio y profesional a la seguridad pública.