Eliminación de subsidios: nuevas medidas con respuestas de viejos discursos políticos. En el país, luego de los diez años del nefasto gobierno anterior, existe espacio para la protesta sin represión, persecución, contramanifestación y confrontación, pero que sea con propuestas, a través de un diálogo civilizado, que busquen salidas a la crisis heredada. La crítica y las diferencias son saludables en democracia. No para hacerle el juego al correismo, que espera frotándose las manos la desestabilización, en medio del descalabro económico que ellos dejaron. No tienen calidad moral con el prófugo de Bélgica a la cabeza, que primero debe responder a la justicia.
Los dirigentes sociales tienen razones para exigir soluciones, aunque en otro ambiente. Antes fueron divididos, agredidos y perseguidos. Hubo criminalización de la protesta y cuantos fueron procesados y encarcelados. El movimiento indígena sufrió del autoritarismo, juicios, sentencias, cárcel, son defraudados en la Asamblea con la promesa de las amnistías. Presentaron casi dos centenares de casos y las respuestas han sido escasas.
A partir del derecho que tienen a la protesta civilizada y a la resistencia, consagrada en la Constitución, es fundamental enfrentar las causas de la crisis y no solo los efectos que representan las medidas económicas. Es hora de soslayar el tabú político, sentarse a dialogar y buscar en conjunto, autoridades y organizaciones sociales e indígenas, soluciones pragmáticas, responsables y consensuadas.
El país necesita el sinceramiento de las cifras y más allá del diagnóstico real de la situación, luego del festín económico y tanto acto de corrupción en el correismo que hoy se conoce, con base en informes oficiales, tiene que encontrarse salidas y poner fin a las distorsiones que se han mantenido.
No debieran seguir los subsidios indiscriminados para todos, que fomentan el contrabando y cuando gran parte del país puede pagar precios reales. Por tanto, no se puede defender a quienes critican en el discurso. Lo que habría que exigir es que esos recursos adicionales que ingresen al fisco sean devueltos en mayor obra social en favor de los más necesitados. Otra inquietud justa es que tiene que garantizarse con controles firmes, permanentes y rigurosos que el aumento de precios no sea trasladado a los sectores populares, como generalmente ocurre.
Los sectores inmersos en la pobreza no pueden pagar la factura heredada del régimen anterior, done se manejaron irresponsablemente los recursos del Estado, festinaron y dilapidaron los dineros, en medio de la impotencia por la impunidad y demora en la fiscalización y judicialización de tanta irregularidad. Por ello no pueden hacerle el juego a quienes esperan el caos y el desorden para pescar a río revuelto e intentar volver al poder.