Mientras un grupo selecto de ecuatorianos inicia el trabajo para fortalecer el rescate de la institucionalidad del país, derruida durante los diez años de la revolución ciudadana, el cinismo político intenta minimizar las pruebas contundentes de tanto acto de corrupción que desempolvan los mismos cercanos colaboradores del prófugo en Bélgica.
Más de una veintena de ex ministros y ex altos funcionarios de ese régimen están procesados por la justicia, desde el ministro del caso come cheques. Unos en la cárcel con sentencia, desde su ex vicepresidente, otros sometidos a juicio penal, en el debido proceso y con derecho a la defensa.
Unos fugados, otros con grilletes, los que no lograron desprenderse e irse del país. Otros aún libres por falta de agilidad de la administración de justicia para procesar tantos casos pendientes (Manduriacu, Caminosca, etc).
Cinismo político cuando en la Asamblea los seguidores de la revolución ciudadana y otros que por conveniencia figuran cerca del gobierno pero el momento de las decisiones no tienen vergüenza en expresarse en defensa de quienes utilizaron el poder y a este régimen para conseguir puestos en el exterior. Al final, son los mismos que han usufructuado el poder y que no quieren perderlo.
Cinismo político cuando aparecen cuadernos de los financiamientos de las campañas, entrega de dinero en fundas y testimonios directos de funcionarios cercanos del poder y responden que es persecución política, pero no atinan a presentar pruebas de descargo.
En Argentina, cercanos colaboradores del kirchnerismo, entre ellos el chofer presidencial Oscar Centeno, destaparon la corrupción con su entrega al juez Bonadio de “los cuadernos de las coimas”, en los que se detallaba la recaudación de sobornos y por esto fueron a la cárcel ex altos funcionarios y empresarios. En Ecuador, tratan en forma audaz de minimizar su validez a pesar de la confirmación de los íntimos colaboradores de Carondelet.
Frente a este panorama, dos ex presidentes y otros ciudadanos respetables organizan un proceso que merece el respaldo ciudadano para avanzar en la reinstitucionalización, impulsar la independencia de las funciones del Estado y de los organismos de control, que fueran sometidos por el Ejecutivo a través del Consejo de Participación Ciudadana. Este organismo fracasó en sus tareas: fomento de la participación ciudadana, lucha contra la corrupción y nombramiento de las autoridades de control, que se subordinaran al poder omnímodo, y hoy una parte de sus nuevos miembros siembra la incertidumbre por lo que pudieran intentar hacer. Felizmente, el pronunciamiento popular de febrero del año pasado le otorgó al Consejo Transitorio un mandato extraordinario, que fuera cumplido con aciertos y errores pero al fin positivo bajo la batuta de Julio César Trujillo.