Aunque la aprobación del proyecto de ley de inmigración en el Senado estadounidense ha sido un importante paso hacia una ley que reformaría el desvencijado sistema migratorio, lo más difícil ni siquiera ha empezado. Falta que los republicanos de la Cámara de Representantes se pongan de acuerdo, y si es que logran aprobar un proyecto, ver cómo quedaría el texto final una vez conciliado con el del Senado.
No obstante, pienso que es comprensible que la manera de encarar el proceso y el texto de algunas de las provisiones del proyecto de ley del Senado generen malestar en México y susciten una polémica que a la fecha encabezan, cada uno por su lado, dos mexicanos expertos en el tema, el doctor Jorge Bustamante, fundador del Colegio de la Frontera Norte y exrelator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, y el exsecretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda.
Lo primero que ambos objetan es la unilateralidad del proceso. “La resolución de la ONU, expresada a través de la Organización Internacional del Trabajo, establece que los fenómenos internacionales de migración laboral deben resolverse por negociaciones bilaterales o multilaterales en tanto se trata de una negociación laboral”, me dice Bustamante. “El problema -continúa Bustamante- es que Washington no toma en serio al Gobierno de México”.
Castañeda, por su parte, ha escrito que no solo coincide con las críticas de Bustamante al proceso, sino que la historia nos muestra por lo menos tres instancias en las que Estados Unidos negoció acuerdos migratorios con otro país: con Japón, en 1907; el Acuerdo Bracero, que negoció con México de 1942 a 1964, y el acuerdo con Cuba, que se firmó en 1995 y que hoy sigue vigente aunque con ligeras variantes. Castañeda también coincide con Bustamante al criticar la timorata respuesta del Gobierno mexicano a los acontecimientos en Washington.
Con el fin de sopesar la opinión de los mexicanos, acudí a Jeff Davidow, el experimentado diplomático estadounidense y exembajador de EE.UU. en México, dijo: “Los críticos de la posible reforma migratoria están en lo correcto al argumentar que la migración es un fenómeno transnacional que, en un mundo ideal, requeriría negociaciones internacionales; también cuando dicen que la migración de mexicanos a EE.UU. es el resultado de un mercado laboral integrado. Pero lo que se logró en el acuerdo con Japón fue detener la inmigración de japoneses a EE.UU. En el caso de Cuba, EE.UU. implícitamente aceptó el derecho de un Régimen totalitario a encerrar a sus ciudadanos en su territorio. México ni es el Japón imperial ni la dictadura castrista.
Lo ideal habría sido que este asunto hubiera sido tratado como una cuestión laboral para ser resuelta con un acuerdo multilateral. Pero también coincido con Davidow cuando señala que México no tiene fichas para negociar este acuerdo, y con el embajador Charles Shapiro, quien opina que ningún país del mundo aceptaría que una ley doméstica fuera negociada con otro país.
Con Cuba, los cabilderos cubano-norteamericanos, empresarios, congresistas, obreros, tienen una meta que los unifica y fortalece: abrigar a sus familiares que huyen de la dictadura castrista. Mientras que el objetivo de los cabilderos mexicano-norteamericanos, congresistas, empresarios y obreros nada tiene que ver con el Gobierno mexicano, se trata de que los migrantes se conviertan en ciudadanos estadounidenses.