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‘Mejor esperamos...’

Es frase usual en los días recientes. Proyectos de inversión y negocios que estaban palabreados, no necesariamente se deshacen, pero los actores económicos prefieren no decidir mientras no haya reglas en el Ecuador que generen credibilidad y confianza, por lo menos para un quinquenio.

Y es que los dos temas que inquietaron, desde que los anunció el presidente Correa el 24 de mayo del 2015, el de las herencias y el de la plusvalía, en el escalamiento y en las tarifas vigentes no son del Ecuador de antes de Correa, sino del actual gobierno, escalamiento y tarifas que se propone incrementar drásticamente.

En la Asamblea de Montecristi, diciembre del 2007, se aprobó, en el caso de las herencias, que los hijos menores de edad infantes y adolescentes no paguen impuesto sucesorio –con la propuesta reciente, lo deberán pagar, con un ajuste, los que los representen- y que los hijos mayores de edad tengan una escala que llegue al 17,5%, en el excedente del escalón más alto, sobre USD 826 530 –con la propuesta reciente pagarían, sobre el excedente de USD 566 400, el 47,5%, y toda la escala inferior también crece en proporción-.

La vigente normativa sobre la plusvalía de la tierra se aprobó en octubre del 2010, dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Como que el mensaje es “al Ecuador hay que nivelarlo hasta una clase media; los que excedan ese nivel deben pagar elevadas contribuciones, hasta que igualen a los de menores ingresos”.

La fraseología en ese sentido ha estado atrás de algunos procesos ‘revolucionarios’. De hecho, los que han estado fuera del entorno del poder, o han salido de su país, tuvieron que resignarse a deteriorar su calidad de vida o sus expectativas; pero los del entorno del poder pasaron a ser los nuevos ricos, sin que haya un proceso de aquellos revolucionarios en que eso no se haya producido.

Los honestos, empresarios o no, que puedan invertir se aguantan. Además, les asusta que se imponga los pagos/cobros electrónicos, transacción en un sistema automatizado que para generar confianza debería tener la evidencia del respaldo monetario real.

Bien sabe el Gobierno que su discurso anti-dolarización, porque aquella no permite una política monetaria “soberana”, sino que nos amarra al dólar, también está atrás de todos los sustos, aun cuando el presidente Correa es enfático en señalar que no hay condiciones para desdolarizar.

¿Cuán indispensables son las reformas que en las magnitudes propuestas nunca estuvieron en la oferta electoral ni en el plan de gobierno?

¿Podrían esperar algo más de un año, para que sean insumos de la campaña electoral del 2017, y mientras tanto que se siga invirtiendo en el Ecuador?

lroldos@elcomercio.org