Los 10 años del correato, con un gasto público dispendioso y poco técnico, por una parte; y, por otra, con una corrupción rampante que se calcula que le costó al país entre 30 000 y 70 000 millones de dólares; y, luego, los 4 años de Moreno, que si bien hizo esfuerzos por reinstitucionalizar el país (hay que reconocerlo), en todo lo demás mostró una marcada ineficacia, dejaron a la economía del Ecuador en soletas. A esto hay que sumarle los efectos económicos de la pandemia, que ocasionaron que en 2020 se contraiga en 7,8% y que el PIB caiga a niveles de hace una década.
A su vez, esto generó un fuerte impacto en las tasas de empleo del país. Según el INEC, de diciembre de 2019 a septiembre de 2020,
687 000 personas lo perdieron y actualmente apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen trabajo. A lo que debe añadirse un déficit fiscal calculado en USD 7 000 millones y que se viene arrastrado desde 2009, a pesar de la bonanza petrolera de la que disfrutó el gobierno de Correa.
Así, un reciente estudio de la Fundación Donum señala que Ecuador presenta niveles de pobreza total del 35% y de pobreza extrema del 15 %, habiendo retrocedido a parámetros de 2010. Si no se encuentran soluciones rápidamente, dice el informe, Ecuador podría caer en una “situación de estancamiento prolongado”, comparable a la Gran Depresión de 1929. Qué megacrisis, ¿no?
Para hacerle frente, el gobierno de Guillermo Lasso presentó el viernes pasado a la Asamblea el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, una megaley que pretendía reformar al menos 30 cuerpos legales y establecer un régimen laboral paralelo al actual. La intención era clara: atacar el problema económico desde todos los frentes posibles.
La presentación del proyecto inmediatamente encendió el debate: que si se pueden reformar tantas leyes con un solo proyecto de ley, que si el proyecto de nuevo código del trabajo es o no regresivo de derechos, que si la carga de los tributos estará más en la clase media o en los más ricos, etc.
En lo personal, si bien no estoy de acuerdo con todo el contenido del proyecto, en términos generales creo que es bueno. Superar un Código del Trabajo hiperrestrictivo que lo que hace es desincentivar la contratación y favorecer que se incumplan las normas legales es lo que más me gusta.
Lamentablemente el CAL, evidenciados los particularismos de nuestra clase política y la monumental ceguera de una Asamblea que hace todo por seguir perdiendo credibilidad, ha negado la tramitación del proyecto (en uso de una norma claramente inconstitucional), por lo que probablemente se opte por una consulta popular. No entendieron que el país está atravesando una de las peores crisis de su historia y que frente a problemas extraordinarios se necesitan soluciones extraordinarias.