Ha causado revuelo en los círculos más recalcitrantes y cercanos al anterior gobierno, que la administración y dirección de los canales incautados y de un periódico transformado en gaceta oficial pasen a manos de personas de trayectoria ecuánime, que difícilmente hubiesen tenido cabida en momentos en que tales medios fueron instrumentos de propaganda del régimen y de ataque a los opositores. Se abre una nueva etapa en la que existe un verdadero desafío: que aquellos medios, en lo posible, estén lejos de las influencias de los gobiernos de turno y que se guíen por una deontología que tenga como meta servir a la sociedad, proporcionándole productos que no tengan la visión sesgada de los que transitoriamente se hallen en el poder. En semanas anteriores en esta columna se citaba lo sucedido en España, donde el PSOE había presentado una propuesta de reforma legal para alcanzar ese propósito. Si uno observaba los contenidos de la televisión pública en la Península y los comparaba con el material que se difundía por estos lares la diferencia era abismal. Acá se podía hablar de un verdadero Estado de propaganda, mientras allá la discusión se producía por la injerencia de la que se le acusaba tenía en el principal medio televisivo al partido de gobierno. La propuesta intenta que, lejanos a las disputas políticas, los medios públicos tengan como meta ser canales de información objetivos, que recojan el quehacer social y político sin beneficio de inventario y ajenos al calcular si las noticias benefician o inquietan a los detentadores del poder.
Y, sin duda, es necesario entrar a ese debate. Lo que tiene que descartarse de manera categórica es que ciertos medios, con la plata de todos los ecuatorianos, sean instrumentos para apuntalar las tesis de un partido en el poder, o convertirse en casa benefactora de personas que confunden ejercicio periodístico con militancia. Si desean prestar su pluma o su presencia para esos menesteres tienen que fundar o crear un medio del partido o movimiento con el que se identifican, pero de ninguna manera pretender disfrazar sus postulados con supuestas verdades deformando y adulterando de manera obscena la realidad.
Se debe buscar una reforma en la que intervengan todos los sectores involucrados, la cual tenga como fin dotar a la actividad de estos medios de una rigurosa ética periodística, en donde la administración de los mismos, mientras estén en manos estatales, no dependa de tal o cual voluntad sino que se encuentre a cargo de personas especializadas que compartan como único interés el entregar un producto de altísima calidad. Tales medios no pueden ser un saco roto que consumen ingentes recursos del erario público. Recién la semana anterior se ha conocido lo que le ha costado a todos los ecuatorianos mantener esa maquinaria propagandística que, al más puro estilo de los totalitarismos, apabullaba de manera ensordecedora a la población provocando hastío.
Sin duda, un cambio que es saludable.