El Gobierno de Argentina ha reaccionado al duro revés electoral que sufrió el oficialismo en las recientes elecciones primarias con una seguidilla de anuncios de medidas económicas que apuntan principalmente a los sectores más vulnerables, una estrategia que implicará mayor desequilibrio fiscal.
Las primarias legislativas del pasado 12 de septiembre, las primeras elecciones que afrontó el gobierno de Alberto Fernández, saldaron con una derrota que el oficialismo no dudó en atribuir a una economía que, en recesión desde 2018, se hundió estrepitosamente por los efectos de la pandemia de covid-19. El revés electoral desató una crisis en el seno del Ejecutivo.
La vicepresidenta Cristina Fernández hizo públicas sus críticas a la moderación fiscal aplicada en el primer semestre de este año, lo que supuso un recorte de muchas de las ayudas sociales puestas en marcha en 2020 ante la irrupción de la pandemia.
Reclamó además a Alberto Fernández una renovación del Gabinete de Gobierno, que finalmente se concretó, aunque sin cambios de ministros en las carteras del área económica, a excepción del Ministerio de Agricultura.
Apaciguados los ánimos en el oficialismo, lo que sobrevino es una seguidilla de anuncios de medidas de diverso alcance, que aún no ha terminado ya que se esperan más anuncios.
Aumento del salario mínimo, reducción en el número de trabajadores que pagan impuestos sobre sus salarios, un programa para reducir la informalidad de los trabajadores domésticos y un plan de jubilación anticipada son solo algunas de las medidas anunciadas en las últimas semanas, a las que también se sumaron nuevas flexibilizaciones a las restricciones sanitarias por la pandemia.
Las medidas anunciadas apuntan a poner dinero en el bolsillo de la gente para incentivar el consumo y reactivar así la economía, pero expertos advierten de los riesgos que encierra una política fiscal expansiva y sus efectos sobre la inflación, ya muy elevada en Argentina, del 51,4% interanual en agosto pasado.
Para Leonardo Piazza, director de la consultora LP Consulting, las medidas que se están tomando “no atacan las causas para mejorar una economía en la que no hay crecimiento del empleo formal ni confianza en la moneda y con una inflación que sigue creciendo”.
Según el consultor, el Gobierno está tomando decisiones que no solo “no le garantizan un éxito electoral” en los comicios legislativos de noviembre sino que, además, le dejan un “problema muy importante” para los dos años de mandato que le quedan a Alberto Fernández.Las acciones anunciadas implican un aumento del gasto público, lo que genera un déficit fiscal estructural importante que el Estado, por su debilidad macroeconómica, no puede financiar más que con emisión monetaria.
Gracias a la “cautela fiscal” aplicada por el Ministro de Economía y criticada por Cristina Fernández, Argentina logró hasta agosto bajar su déficit fiscal primario al 1% del PIB, tras cerrar 2020 en rojo (6,5%). Pero la pauta presupuestaria presentada después de la derrota electoral, incluye cerrar el año con un déficit del 4%, lo que supondría una importante aceleración del gasto hasta fin de año.