El Ministerio de Educación (MinEduc) es un manojo de contradicciones y voluntarismo. Mientras por varios años exitosamente ejecuta políticas para abatir algunas barreras económicas e impulsar mayor matriculación: textos escolares gratuitos, bono matrícula, uniformes escolares; simultáneamente instruye a los rectores colocar inaceptables condicionamientos para ‘filtrar’ el ingreso a los establecimientos, con la finalidad de racionalizar el caótico proceso de matrículas y redistribuir en el territorio los escasos cupos.
Uno de los requisitos es la comprobación que tienen que hacer los representantes de los estudiantes de vivir cerca a los colegios. La finalidad de la medida es interesante y positiva: acercar los servicios básicos a la gente. Con esta política pública se generarían condiciones para la conexión de la escuela con su entorno, la creación de comunidad educativa (mayor compromiso y tiempo de los padres con las instituciones); se brindaría mayor seguridad a los estudiantes, se ganaría en tiempo útil de la vida de los chicos que la desperdician en transitar largas distancias, se reduciría la congestión vehicular y ayudaría a la movilidad en las ciudades, se bajaría la emisión de gases en favor del medioambiente.
¿Quito está preparada para desarrollar tan interesante política? No, y ese es el problema que estamos viviendo.
No hay colegios ni escuelas en vastos sectores de la ciudad, y en donde los hay, muchos de ellos no ofrecen educación de calidad (y eso lo saben los padres de familia).
Siendo esta la realidad, el MinEduc, en su desesperación por evitar las trifulcas en las matrículas, sin tener la suficiente oferta de calidad obliga a los padres de familia y a los muchachos a vivir la tortura de competir por un cupo ‘donde sea’.
La verdad es que el MinEduc no entiende que antes de implementar esta medida parche debía sentarse con el municipio a diseñar y ejecutar un plan urgente y agresivo de construcciones escolares y de mejoramiento de la calidad de la educación.
Han pasado seis años de gestión del MinEduc y que se sepa Quito no dispone de un proyecto educativo.
Y como están las cosas es difícil la disposición de ese proyecto. El proyecto educativo debe corresponder a un proyecto de desarrollo, a un proyecto de ciudad. Este está pendiente y es responsabilidad de la Alcaldía.
Pero en lo que respecta a educación, la de Quito y todas las alcaldías del país, por mandato constitucional, ya nada tienen que ver con las políticas educativas, con la excepción del tema de infraestructura. Los alcaldes y prefectos están atados las manos.
En fin, la realidad poco a poco le irá pasando al poder la factura del concepto centralista obsesivo. Mientras tanto, las familias pobres, los niños y adolescentes, sufren las consecuencias de las decisiones de ese poder.