Una larga lucha de las facultades de medicina del Ecuador, de los colegios de médicos provinciales y de la Federación Nacional de Médicos precedió a la creación del Ministerio de Salud, el 16 de junio de 1967, por la Asamblea Constituyente. Hasta esa fecha, el Ecuador era el único país de América que no contaba con un ministerio de salud.
El Ministerio de Salud Pública es la cartera encargada de ejercer la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de la salud pública ecuatoriana.
La vida, secuencia casi infinita de genes que se trasmiten en la especie y en los individuos, de células que se multiplican, envejecen y mueren, de mentes, espíritus y músculos que aprenden, piensan, crecen en colectividad, hacen el bien, algunos el mal, unos construyen, otros destruyen, abordan objetivos diferentes, pero todos asimilan el valor inconmensurable de una gran verdad, el mayor tesoro de la humanidad es la salud y hay que preservarla privilegiándola ante el poder y la riqueza.
Un Estado responsable debe velar por la salud de todos los habitantes. Desgraciadamente la politiquería y la codicia, imperantes en los últimos años, enceguecieron a esos gobernantes que maliciosamente encargaron esa cartera a inexpertas que gestaron un amplio período de improvisación y corrupción. Se compraron camionetas, para transformarlas en inútiles ambulancias, en corto tiempo inservible; abundaron las adquisiciones dolosas de medicamentos e insumos sin concursos, ni licitaciones; adquirieron equipos de utilización específica, en cantidades exorbitantes, muchos permanecen embodegados y sin uso; auspiciaron entusiastas la estructuración del Código Penal que criminaliza a los médicos, se inventaron la “renuncia voluntaria obligatoria” de médicos experimentados, para reemplazarlos con extranjeros mal preparados; desarticularon al sistema nacional de salud que estaba en pleno desarrollo. Compraron, con sobreprecios hospitales móviles y contraceptivos, repotenciaron fallidamente hospitales en Esmeraldas y Portoviejo, obtuvieron pruebas para el diagnóstico del VIH y tabletas de paracetamol contaminados, cerraron Instituto Izquieta Pérez para manipular el registro sanitario de medicamentos y dejar de producir vacunas. En ese prolongado lapso, limitaron la adquisición de medicamentos esenciales al no aprobar, en mucho tiempo, el cuadro básico de medicamentos. Prescindieron de epidemiólogos y salubristas, altamente calificados, lo cual ha redundado en el manejo desordenado y contradictorio del confuso y absurdamente demorado diagnóstico de hepatitis B en un paciente sospechoso de el corona virus.
Lejanos tiempos aquellos en que se honraba a la salud con los Naranjo Vargas, los Fierro Benítez, los Parra Gil, los Huerta Montalvo, los Sarrazín Dávila, Los Bermeo Vallejo, los Rodas Andrade, los Hapze Auad. Los ecuatorianos merecemos respeto y excelencia, no mediocridad e incapacidad.